CSIF critica en una nota de prensa "la indefensión" de los agentes de Policía en el Ayuntamiento de Calahorra. Según CSIF, el Ayuntamiento "se inhibe y abandona a su suerte a los empleados públicos municipales en las causas abiertas por el ejercicio de sus funciones".

Ante ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Calahorra, exige que se cumpla el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que en su artículo 14 garantiza "la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos".

"Algo que no está respetando la Corporación calagurritana en varias causas penales contra agentes de policía de este municipio", indican.

CSIF acusa al Ayuntamiento "de no garantizar suficientemente la protección legal de sus agentes de policía y la aprobación de unas instrucciones de defensa jurídica impuestas en su mayor parte por el ayuntamiento".

Para CSIF "el origen de la situación de indefensión en la que se encuentran estos empleados públicos surge del conflicto de intereses aludido por la Administración municipal para no responsabilizarse de la defensa jurídica de estos agentes, quienes han tenido que recurrir a servicios jurídicos externos para su defensa legal".

Por su parte, el Ayuntamiento "ha puesto diversos obstáculos antes de asumir sus responsabilidades; como fue su negativa a depositar fianzas -cuestión que necesito la intervención de CSIF- y, ahora, la negativa a pagar la minuta completa de los abogados que realizaron las funciones que no se quiso ejercer el Ayuntamiento".

"Cualquier persona, teniendo en cuenta la importancia del delito que se les imputa, hubiera optado por buscar la mejor defensa, y el Ayuntamiento es el primer interesado en que los agentes resultaran absueltos, para no tener responsabilidades civiles subsidiarias", aseguran.

"Pero no es el caso, las minutas están conforme a la instrucción, y en todo caso las diferencias al respecto, las debe acreditar el Colegio de Abogados de la Rioja, y no el Ayuntamiento, que es juez y parte".

Así, continúan, los agentes de Policía "actúan en nombre de su Ayuntamiento y ejercen la autoridad que el propio Ayuntamiento les ha otorgado". Por tanto, CSIF cree "que los agentes de la autoridad deben estar respaldados y apoyados por sus respectivas corporaciones, en vez de sufrir continuas trabas que generan desconfianza entre los funcionarios y temor a aplicar la ley".