El magistrado titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier Urquía, es el segundo juez marbellí suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces españoles.
En 1999, la comisión disciplinaria del CGPJ acordó la misma medida sobre la juez decana marbellí Pilar Ramírez, que no se abstuvo de ejercer en casos en los que su familia se jugaba intereses empresariales. Ramírez no pudo juzgar durante tres años. Actualmente está destinada en Torremolinos (Málaga).
Urquía fue suspendido esta mañana por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística de la operación Malaya, como apunta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un auto (resolución administrativa de los jueces; no es una sentencia). El CGPJ ha afirmado hoy que se le imputan los delitos de prevaricación y cohecho .
Urquía tiene 38 años, está casado y tiene una hija, informó hoy la Ser.
Otros casos El CGPJ suspendió recientemente a una juez de lo Penal de Motril (Granada) por la posible comisión de un delito de prevaricación culposa. La magistrada fue suspendida provisionalmente por este órgano tras mantener durante 437 días a un hombre en la cárcel que había sido absuelto.
En enero de 2006 suspendió al entonces presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Martín, al ser acusado de favorecer a un narcotraficante al que juzgó y absolvió.
El CGPJ decidió abrir expediente disciplinario contra ambos al considerar que recayeron en la desatención de sus funciones. No obstante en el caso de De Urquía, el CGPJ no ordenará la incoación de un expediente ya que se le acusa de la posible comisión directa de dos delitos que no tienen figura paralela en el ámbito administrativo. A pesar de ello el Consejo decidirá en los próximos días el envío de una visita de inspección al Juzgado marbellí para recabar información sobre las actividades de su titular. El CGPJ tendrá también que decidir si provee un juez sustituto para reemplazar al magistrado o se inclina por el envío de una comisión de servicios que apoye la actividad del juzgado de instrucción.