El sindicato Ustea ha confirmado que presentará en los próximos días —la idea es que el plazo no vaya más allá de la presente semana— una demanda judicial por el conflicto del horario del profesorado de Secundaria, relativo a la norma andaluza que fijaba el tiempo de trabajo regular de estos docentes en un mínimo de 25 horas semanales, lo cual ha determinado en los últimos años el tamaño de las plantillas, y que el Ejecutivo autonómico anunció que rectificaría.

La responsable de Acción Sindical de Ustea, Purificación Sánchez, ha informado a Europa Press de que el sindicato ha detectado hasta cuatro tipos de irregularidades distintas como resultado de las denuncias vertidas por docentes que, no obstante, desean dejarlas en el anonimato, con la consiguiente dificultad para "conseguir pruebas".

"Al final, la gente no se atreve a denunciar claramente la situación", ha expuesto Sánchez, que por otro lado ha asegurado en cuanto a "las llamadas a la flexibilidad" por parte de la Consejería que las mismas "no nos parecen decentes", en tanto que el profesorado "ha padecido hasta tres horarios ilegales". "Si ser flexibles es mirar hacia otro lado propiciando que se incumpla la norma, no lo haremos", ha afirmado.

La dirigente de Ustea ha apuntado a la necesidad de que el conflicto salga de los centros, ya que, aunque según lo dispuesto cada dirección puede hacer lo que considere oportuno, "hay un freno clarísimo que lo establece el respeto a los derechos de los trabajadores".

No es la única asociación que judicializa el asunto, pues la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha presentado un escrito ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instando al Ministerio Público a la apertura de las pertinentes diligencias de investigación penal por lo que el sindicato de Secundaria considera "un caos normativo provocado por las instrucciones de la Consejería para la elaboración de los horarios de Secundaria".

Tanto Ustea como APIA cargan las tintas contra el hecho de que la Consejería no haya oficializado en boletín la modificación de la normativa sino con un apartado adscrito a una orden que concierne a profesores de Religión.