El exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, ha afirmado este lunes que la sociedad pública PLAZA ganó 13 millones de euros con la operación de venta de 119 naves industriales a la empresa Autocity, construidas por la firma Codesport, de Agapito Iglesias.

Escó ha sido el primero en declarar en la primera sesión de la vista oral del Caso Codesport, que juzgan los magistrados Alfonso Ballestín, Rubén Blasco y Carlos Lasala, quienes conforman el tribunal de la Sala VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Representa al ministerio público el fiscal anticorrupción Carlos Lasala.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha imputado a Escó, el empresario Agapito Iglesias, el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, y el exconsejero delegado de Plaza, Ricardo García Becerril, la comisión de sendos delitos de administración desleal, falsedad, estafa y malversación por apropiarse, supuestamente, de casi 18 millones de euros en la operación de venta de 119 naves industriales construidas por la empresa Codesport, propiedad de Iglesias, a la firma Autocity en terrenos de Plaza. Fiscalía y acusaciones populares piden entre 13 y 16 años de prisión.

En su declaración, durante la que ha rehusado responder a las preguntas de la acusación popular de UpyD, Carlos Escó, ha afirmado que "no hay un desfase de 14 millones, sino que PLAZA tiene un beneficio de 13 millones".

Ha argumentado que los ingresos de la sociedad pública por la primera fase de la obras es de 22.158.000 euros, una cantidad que alcanza los 45.280.000 euros sumando el valor de la segunda, lo que sitúa el beneficio de PLAZA en 13 millones al descontar 32.455.000 euros por la facturación. "Da un total de 136 euros el metro cuadrado".

Además, Carlos Escó ha señalado que no es amigo de Agapito Iglesias, con quien supuestamente habría urdido el fraude, y que no se reunió con él antes de firmar el contrato, añadiendo que no tuvo conocimiento del denominado 'Documento cero', que dio pie a la firma del contrato y que no se comunicó al Consejo de Administración la modificación del contrato por no ser jurídicamente necesario, al igual que los pagarés por valor de ocho millones, por ser inusual presentarlos.

En las primeras horas de la vista oral, los abogados de las defensas han solicitado las prescripción de la presunta comisión del delito de administración desleal, que la Fiscalía y las acusaciones populares del Gobierno de Aragón, PLAZA y UpyD imputan a los cuatro encausados. Estos letrados han considerado que al haberse cometido, presuntamente, en 2008, y haber transcurrido más de cinco años, habría prescrito, a lo que el presidente del tribunal, Carlos Lasala, ha respondido indicando que se resolverá en la sentencia. Asimismo, los abogados han pedido, sin éxito, que se deniegue un documento al que la Fiscalía da el valor de prueba pericial.

También ha declarado el exdirector técnico de PLAZA, Miguel Ángel Pérez, quien ha afirmado que firmó los anexos del 'Documento cero' y que el contrato firmado por PLAZA y Autocity incluía unas obligaciones extraordinarias, además de las iniciales, lo que en su opinión justifica el encarecimiento del contrato.