La Fiscalía Provincial de Córdoba indica que igual que ocurrió el pasado año la mayoría de los procedimientos incoados por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros lo han sido por contratación de empleados extranjeros en el sector de la hostelería, teniendo "especial incidencia" la contratación de trabajadores paquistaníes en locales donde se cocinan kebabs.

Así se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía referida a 2014, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se apunta que "no se ha llegado a acreditar en la mayoría de estos supuestos la contratación en condiciones perjudiciales o restrictivas de los derechos que le son legal o convencionalmente reconocidos".

En este sentido, indica que en todos estos casos "existían trabajadores que no se hallaban dados de alta en la Seguridad Social y en algunos de ellos no tenía autorización de trabajo", si bien se trataba de empresas con menos de cinco trabajadores, en algunos casos, y en todo caso no más de diez, por lo que tampoco resultó aplicable el tipo penal introducido en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y contra la Seguridad Social.

Por otra parte, el Ministerio Público cita la trata de seres humanos, de manera que las distintas fiscalías andaluzas "coinciden en que la dificultad principal para la persecución de estos delitos reside en la articulación de una prueba suficiente y la conveniencia de practicar la prueba anticipada ante la previsible imposibilidad de la práctica de la prueba testifical en el acto del juicio oral, incluso con los testigos protegidos, así como la necesidad de brindar la adecuada protección a la víctima".

La Fiscalía de Córdoba menciona en este apartado los casos de supuesta trata de seres humanos con fin de explotación sexual detectados en el centro de la Cruz Roja de Puente Genil. Según explica, al mencionado centro, dedicado a la atención de inmigrantes, son derivados un importante número de los que de manera ilegal arriban en pateras a las costas andaluzas.

"En gran parte de los casos lo hacen acompañados con menores respecto de los cuales el adulto que los acompaña manifiesta ser el padre o la madre, haciéndolo sin documentación fiable que lo avale, lo que determina la realización de las correspondientes pruebas de ADN para acreditar si dichas afirmaciones se corresponden o no con la realidad biológica", recuerda el Ministerio Público en su memoria.

La atención a víctimas

En otro orden de cosas, la Fiscalía valora que ha mantenido "un contacto fluido" con el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA). En cuanto a los aspectos procesales, se procura mantener "una comunicación fluida" con los letrados del imputado y de las víctimas si lo tuviera. Se pretende, por otra parte, evitar las llamadas "bolsas temporales de desprotección", es decir, "cuidar que no se produzca desatención en los periodos de tiempo en que por cuestiones procesales se encuentren desamparadas".

Igualmente, resalta que "se cuida mucho el tema del alejamiento"; "se mantiene una posición muy rigurosa en orden a impedir que se dejen sin efecto las órdenes de protección por simple voluntad del solicitante". También, "se cuida el control de la valoración policial del riesgo", cuyos datos indican que en 2014 estuvieron en riesgo extremo dos mujeres, 44 en bajo o no apreciado, 37 en medio y diez en alto.

Por tanto, el Ministerio Público considera que la relación con el SAVA ha sido "excelente" y su memoria indica que se han atendido a 1.251 personas, que se han realizado 20.214 actuaciones, que han sido 1.127 las mujeres atendidas y cien los hombres. Se han producido 1.472 por delitos y 107 por faltas, destacando la violencia de género con 558 casos.

Mientras, señala que las diligencias de investigación han aumentado por el convenio de colaboración suscrito con la Junta de Andalucía, habiéndose incoado 19, sin que se hayan realizados expedientes por ayudas y asistencias de la Ley 35/95.