APIA insta a la Fiscalía a la apertura de diligencias contra la Consejería de Educación por "caos normativo"

Sin embargo, la modificación de la Consejería está siendo analizada por los servicios jurídicos de APIA , que "ya estudian ampliar la denuncia", dado que "se varía sustancialmente el borrador remitido para exposición pública, con lo que los horarios de muchos centros, con el curso ya comenzado se han elaborado teniendo en cuenta un borrador que nada tiene que ver con lo publicado", según ha informado APIA en un comunicado.

"El mismo día" en que la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha presentado un escrito ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instando al Ministerio Público a la apertura de las pertinentes diligencias de investigación penal por lo que el sindicato de Secundaria considera "un caos normativo provocado por las instrucciones de la Consejería para la elaboración de los horarios de Secundaria", la Consejería de Educación "ha modificado dicha orden a través de una orden de profesores de Religión".

Sin embargo, la modificación de la Consejería está siendo analizada por los servicios jurídicos de APIA , que "ya estudian ampliar la denuncia", dado que "se varía sustancialmente el borrador remitido para exposición pública, con lo que los horarios de muchos centros, con el curso ya comenzado se han elaborado teniendo en cuenta un borrador que nada tiene que ver con lo publicado", según ha informado APIA en un comunicado.

En palabras de Manuel Fernández, presidente de APIA, "el porcentaje de horarios realizados que van a ser ilegales superará el 90 por ciento, tanto por el límite de horario que ha sido modificado, como por la práctica imposibilidad de cumplir el mínimo de profesores de guardia por alumno".

Entre las pruebas documentales ya presentadas ante la Fiscalía se encuentran dichas instrucciones, en la que se insta a los directores a elaborar los horarios de Secundaria en base a una normativa no publicada en el Boletín Oficial, que "estaría en contradicción con la que se encuentra en vigor desde 2010, que la propia Consejería ha reconocido —ante el TSJA— no ajustada al marco normativo nacional".

A juicio de APIA, y como recoge textualmente la denuncia, "la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con su titular a la cabeza, habría obrado de forma consciente y deliberada para generar un contexto de inseguridad jurídica en el que cualquier solución sea posible", se afirma, en relación con el hecho de que las direcciones de los centros podían aplicar la normativa aún en vigor, "pese a su irregularidad reconocida por la Consejería, o la normativa aún no vigente, que modifica sustancialmente a la anterior, generando una situación que quebraría el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española".

Con la publicación de la modificación —"que no se ajusta al borrador que se sometió a exposición pública", y del que APIA no ha sido informado—, esta situación de "caos normativo" se agrava "aún más", por lo que el sindicato ya está estudiando ampliar la denuncia para incluir este aspecto.

El escrito de denuncia añade, además, que esta actuación "deliberada y conscientemente arbitraria" podría haberse visto plasmada de forma explícita en reuniones que la inspección habría mantenido con los directores de los IES de Andalucía a partir del día 2 de septiembre, fecha del anuncio de la Consejería mediante nota de prensa del cambio normativo.

En dichas reuniones, el servicio de Inspección, siguiendo instrucciones de la Consejería, habría dicho, "presuntamente, a los directores que elaboraran los horarios preferentemente siguiendo las instrucciones no publicadas oficialmente, pero que si aplicaban la normativa que se iba a derogar pero aún estaba en vigor —y sigue estando a día de hoy, pues nada se ha publicado en BOJA—, también los respaldaría".

Según consta en el escrito de APIA ante el Ministerio Fiscal, "la misma Administración, a través de sus órganos y representantes, va a aplicar de forma arbitraria e injusta ambas normas de forma simultánea y está provocando cómputos horarios distintos para actividades objetivamente idénticas", por lo que solicita a la Fiscalía que deduzca testimonio, identifique a los responsables y valore si dicho proceder "podría ser constitutivo del delito de prevaricación de funcionarios públicos del artículo 404 del Código Penal".

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía solicitó una reunión con la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, el día 24 de junio y volvió a reiterar una solicitud de reunión de urgencia por el asunto de los horarios el día 14 de septiembre. En ambos casos no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la Consejería.

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