El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reclamado "tolerancia cero" con la demora en el pago de las facturas a su colectivo, sobre todo por parte de las grandes empresas, y ha vuelto a reclamar un régimen sancionador en la Ley contra la Morosidad.

"En España sale gratis no cumplir la Ley de Morosidad porque no hay un régimen sancionador", ha denunciado este viernes, advirtiendo de que uno de cada cuatro autónomos que han cerrado con la crisis económica en España lo ha hecho debido a la morosidad, por parte de administraciones públicas, pero sobre todo de empresas. En total, más de 250.000 en los últimos cinco años.

No obstante, ha aplaudido que las administraciones puedan exigir a las grandes empresas con las que contratan que estén al día con los límites que fija la ley en el pago a sus proveedores si quieren participar en los contratos públicos, tal y como se establece en el real decreto ley de medidas económicas aprobado el pasado 11 de septiembre en el Consejo de Ministros.

"Eso es fundamental", ha apostillado, precisando a Europa Press que, "aunque se va avanzando, todavía queda un largo camino por recorrer", por lo que ha reclamado que "se sigan tomando medidas y que se busque un régimen sancionador porque no pagar no puede salir gratis".

Y es que, según Amor, que ha participado en unas jornadas del BBVA en Málaga, "cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más tarda en pagar, habiendo algunas que emplean hasta cinco meses". "Se están financiando a costa del servicio de los autónomos", ha alertado.

"Hay algunas empresas que presumen de ser socialmente responsables y tardan más de 150 días en pagar a sus proveedores, cuando la ley establece que deben ser 60", ha manifestado el responsable de los autónomos españoles.

Según ha especificado el representante de ATA, el periodo de pago de las grandes empresas a los autónomos es mayor que entre autónomos, que se sitúa en los 57 días.

Empresas del ibex 35

Así, la media para abonar una factura entre una sociedad con más de un millar de trabajadores y un autónomo es de 120 días, llegando, incluso, a superar los 130 en el caso de empresas del Ibex 35 —muchas de ellas grandes contratistas de las administraciones— y los 140 en lo referido a constructoras.

Una demora que responde únicamente, según Amor, a cuestiones como el flujo de caja, ya que "se deducen el IVA de facturas que no han pagado, y eso es un problema".

Amor ha hecho hincapié, en este sentido, en que el cumplimiento de la Ley de Morosidad se da más por parte de las pequeñas empresas que de las grandes, precisamente, por el hecho de que "no hay un régimen sancionador".

Ha recordado, además, la petición de la organización que preside acerca de implantar un buzón de denuncias anónimas contra la morosidad. "Un espacio donde se pueda denunciar la mala praxis empresarial y se actúe de oficio", ha aseverado.

Administraciones públicas

En el caso de las administraciones públicas, la media de pago a los autónomos se sitúa en los 85 días, por encima, por tanto, de lo establecido por la normativa. Y es que la Ley de Morosidad fija que ese abono debe realizarse en 30 días, aunque la directiva europea contempla hasta 60 —30 días para reconocer la factura y otros tantos para el pago—.

De todos modos, el presidente de ATA sí ha valorado "la importante reducción" que ha experimentado este periodo medio de pago, algo palpable si se tiene en cuenta que ese promedio se situaba en 2012 en los 150 días.

En esa disminución ha influido el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno, según Amor, quien ha subrayado que han sido sobre todo las administraciones locales las que "más esfuerzo" han hecho para ponerse al día.

Precisamente, en el caso de las entidades locales, la morosidad se reduce a unos 150 ayuntamientos, aunque entre éstos hay algunos que llegan a tardar seis meses en pagar sus facturas a los autónomos. "El resto se adapta un poco más", ha comentado el presidente de ATA.

Respecto a gobiernos autonómicos, hay algunos con periodos de pago más allá de esa media de 85 días, como es el caso de Aragón, que se sitúa en torno a los 130; Extremadura, que los supera, o la Comunidad Valenciana, que está por los 120, y otros que, sin embargo, cumplen la ley, como son La Rioja, País Vasco, Navarra o Galicia, que llegan a los 40 días.