El exjefe del departamento jurídico de la Agencia Valenciana de Turisme (AVT) Juan Bover ha defendido este viernes que el cambio de criterios para adjudicar los contratos de las ferias de Fitur —que consistían en relegar el criterio económico a un 15% y en aumentar el subjetivo, relativo al diseño— no fue "radical" ni "sorprendente". Así mismo, ha insistido en que cumplía la legalidad.

Bover se ha pronunciado así en su declaración en el juicio por la pieza 3 caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la extinta Conselleria de Turisme con Orange Market para las ediciones de la feria Fitur de los años 2005 a 2009, por la que se enfrenta a una pena de siete años de inhabilitación, tal y como le reclama provisionalmente el ministerio fiscal. En este procedimiento hay 13 acusados, entre ellos, las exconselleras de Turisme Milagrosa Martínez y Angélica Such.

El acusado ha explicado que llegó a la AVT en 1992 y se incorporó al departamento jurídico, hasta que en 2005 solicitó el traslado del servicio. En su cargo en la agencia se ocupaba de revisar los informes para dar luz verde a los expedientes de contratación, y en este punto ha destacado que no le llegaron a hacer ninguna consulta verbal sobre el expediente de Fitur.

Sobre este contrato, la fiscal -en su interrogatorio más corto hasta la fecha— le ha preguntado si no le llamó la atención que se introdujeran cambios en los criterios de adjudicación como incrementar el apartado subjetivo y disminuir el económico. Al respecto, el acusado ha aseverado que este cambio no era "radical" y tampoco le suscitó dudas, ha dicho. "Cuando llega al departamento, a mí no me sorprende. Veo que hay un cambio, pero no me sorprende. Era algo previsto en la ley, poder sacar de forma conjunta el diseño y el suministro", ha agregado.

Bover ha añadido que supone que a lo mejor comentaría con algún compañero que los criterios para adjudicar Fitur se habían modificado y eran diferentes, pero que no le llamó la atención la disminución del apartado económico. "Vi que se ajustaba a la ley y que no había cambios sustanciales", ha apostillado. También ha dicho que ignora quién tenía capacidad para adoptar estos cambios.

En esta línea, ha insistido en que cuando le llegó el informe para aprobar el expediente de Fitur 2005 —única edición en la que participó—, "había una explicación amplia, fundamentada y racional de las decisiones contenidas y derivadas, por eso aceptamos la propuesta de adjudicación", ha repetido el acusado.

Ni influir ni regalos

Así mismo, el acusado ha aseverado que "nadie" intentó influir en sus decisiones en relación con Fitur, ni tampoco ha recibido ningún tipo de regalo por su cargo. También ha señalado que no tuvo duda de la legalidad de las condiciones para el expediente de la feria, ni sobre la adjudicación a la empresa Orange Market. "No la tuve nunca", ha dicho. Respecto a su relación con Martínez, ha indicado que solamente comió una vez con ella y fue para un asunto relacionado con Montanejos: "Es la única vez que me he reunido con la consellera", ha afirmado.

Bover también formaba parte de las mesas de contratación, y ha explicado que las decisiones se tomaban "como en cualquier órgano": "Cada uno según sus capacidades intervenía más o menos. Cualquiera podía decir que no estaba conforme con algo", ha apostillado.

En una de las mesas valoraron la solvencia técnica de Orange Market para ser adjudicataria de Fitur, y se le tuvo que pedir una aclaración para que completara su experiencia en otras ferias o con stands. Sobre esta cuestión, el acusado ha recordado que no había un mínimo de coste de un stand en el pliego de condiciones, con lo que cualquiera que se le presentara, a efectos jurídicos, "era el mismo". Así, ha justificado la solvencia de Orange presentando como experiencia la realización de un stand de 54.000 euros, pese a que el de Fitur ascendía a 1.300.000 euros.