El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Sevilla, Miguel Sevillano, ha declarado este jueves como imputado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos y ha negado haber proferido "ningún insulto ni menosprecio" hacia la Iglesia católica en sendas manifestaciones realizadas los días 10 de abril y 1 de mayo de 2014, según fuentes del caso.

Tanto el secretario general de la CGT en Sevilla como el secretario de Organización de la CGT en Andalucía, Félix Cervera, han comparecido ante la juez de Instrucción número 10 después de que la Asociación de Abogados Cristianos se querellara contra ellos por un delito contra los sentimientos religiosos en concurso con un delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias.

En la querella, dicha asociación relata que los hechos ocurrieron el día 10 de abril de 2014, cuando miembros del sindicato "convocaron, organizaron y realizaron" una manifestación titulada Procesión del santísimo coño insumiso y del santo entierro de los derechos socio-laborales, que partió de la sede de la CGT en Sevilla.

Ya el 1 de mayo de 2014, se convocó nuevamente por la CGT una manifestación "semejante a la anterior", indica la asociación, que añade que, en dichas manifestaciones, "se recreaban procesiones de Semana Santa, escenificadas en tono de burla", todo ello "a ritmo de tamborada y presidida por el 'paso' de una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de Virgen, portada en andas".

Miguel Sevillano ha dicho, respecto a la manifestación del 10 de abril, que su fin "era la defensa de los derechos laborales y denuncia de un despido por discriminación por cuestión de género", precisando que la manifestación concluyó en Plaza de Armas, "que es donde trabajaba la compañera despedida", cuyo despido "fue declarado nulo" posteriormente.

De este modo, ha aseverado que "no se realizó ninguna frase ni actuación que conllevara insultos, desprecios o humillaciones".

En relación a la manifestación del 1 de mayo, ha explicado que la misma estaba autorizada y se realizó por ser el Día del Trabajo, añadiendo que, en determinados momentos de su desarrollo, otros grupos se unieron a la misma, entre ellos uno feminista, con el que la CGT "no tiene nada que ver".

Al hilo de ello, ha agregado que, cuando este grupo feminista se unió a la manifestación, considera que "lo que llevaban no simulaba un paso de Semana Santa ni ningún símbolo religioso", no obstante lo cual ha querido dejar claro que él "no tuvo nada que ver en su creación".

El imputado, asimismo, ha aseverado que su sindicato "no realizó ninguna actividad que aludiera a símbolos religiosos" y tampoco "se produjo ningún insulto ni menosprecio hacia la Iglesia católica", pues la CGT estuvo centrada "en la cuestión laboral".

Luis de los Santos, abogado de los imputados perteneciente a la cooperativa Jarsia, ha expresado su "asombro" por "la utilización banal y basada en intereses políticos predemocráticos del derecho penal" por parte de la Asociación de Abogados Cristianos, y ha anunciado que solicitará el archivo de las actuaciones, ya que, en base a las declaraciones, considera probado "que no hay delito alguno, al ser una manifestación alejada de cualquier cariz religioso".

El letrado ha lamentado que "se intente engañar" a la opinión pública y a la ciudadanía en una ciudad "en la que la religiosidad popular está tan arraigada", aseverando que este asunto "no tiene nada que ver con la religión", de manera que "se intenta a través del Código penal criminalizar la libertad sindical y la de expresión".