La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobará el próximo lunes la suspensión temporal durante tres meses de la tramitación de las bases y estatutos de la junta de compensación de la zona de 'El Pilón'.

La decisión se adoptará a propuesta de la empresa titular de la mayor parte de los terrenos, que tras las conversaciones mantenidas con el equipo de gobierno municipal, se ha comprometido a "profundizar en las vías de diálogo para tratar de lograr un consenso con el resto de propietarios".

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha informado este jueves de esta decisión a los vecinos afectados por la actuación urbanística y al resto de grupos municipales en una reunión en el Ayuntamiento.

Díaz ha reiterado la voluntad política del equipo de gobierno municipal de encontrar una solución a las familias afectadas por este proyecto que promueve una empresa privada y ha recordado que, por ello, se puso en contacto con la promotora para trasladarle el problema social suscitado por la actuación.

Según ha indicado, la empresa ha sido "perfectamente consciente" del problema y, por eso, ha solicitado suspender temporalmente el proceso en marcha y se ha comprometido a profundizar en la búsqueda de consensos con los afectados y a mantener nuevas reuniones con el resto de propietarios con voluntad de llegar a acuerdos.

El concejal ha reiterado que el equipo de gobierno municipal seguirá trabajando, "como lo ha venido haciendo desde el minuto uno", para ayudar en la búsqueda de soluciones y contribuir a encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.

Una de las medidas en las que trabaja el Consistorio es una propuesta para plantear al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley del Suelo autonómica con el fin de que se regulen los derechos de realojo y retorno para personas afectadas por procesos urbanísticos como el de El Pilón.

Díaz ha entregado a los vecinos y al resto de grupos municipales una memoria de cara a la elaboración de esa propuesta que, a su juicio, es una medida fundamental no sólo para este caso, sino para otras actuaciones que se puedan desarrollar en Santander o en otros municipios de Cantabria.

El concejal, que ha agradecido a los técnicos municipales el trabajo realizado para elaborar esta propuesta, ha destacado que con ella se pretende "cubrir la laguna existente" en la normativa autonómica, en un momento, además, en el que "urge dar solución sin demora" a este tipo de problema, dado el proceso de revisión del planeamiento urbanístico que está en marcha en los municipios y la "inminente puesta en marcha" de los primeros desarrollos al amparo de los nuevos instrumentos.

Propuesta al gobierno

En el texto que se propone trasladar al Gobierno, el Ayuntamiento de Santander plantea una regulación del derecho de realojo y retorno basada en dos principios básicos que considera "ineludibles": la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas; y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.

Además, sugiere que, en función de sus ingresos, los afectados puedan llegar a optar a una vivienda de reemplazo a un precio equivalente al justiprecio o indemnización a percibir, sin tener que realizar así un esfuerzo económico suplementario.

De esta manera, señala Díaz, se quiere garantizar que "ningún afectado" por una acción urbanística "pueda ver seriamente entorpecido su legítimo derecho de acceder a una vivienda digna, en condiciones realmente asumibles y en atención a sus concretas circunstancias personales".

Asimismo, se propone que las viviendas de reemplazo reúnan condiciones adecuadas a las necesidades, no sólo del titular del derecho de realojo, sino también de todos los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, teniendo en cuenta situaciones de discapacidad, problemas de movilidad o adaptación que pudieran padecer alguno de sus miembros.

La propuesta redactada por el Consistorio prevé también una garantía para que no se puedan ocupar las viviendas de los afectados que tengan reconocido el derecho de realojo mientras no se les haya entregado la vivienda de realojo provisional o definitiva.

Igualmente, aboga por implantar medidas fiscales de apoyo al realojo, que alivien las cargas tributarias inherentes a la adquisición de las nuevas viviendas. Por último, establece un régimen transitorio para regular aquellos procedimientos que estén en marcha en el momento de entrada en vigor de la nueva regulación.