Junta quitará "cuando antes" las prefabricadas, que afectan al 3,8% de los centros y que no en todos los casos son aulas

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha asegurado que quitará "cuanto antes" las aulas prefabricadas --comúnmente denominadas 'caracolas'-- en los centros educativos andaluces, en los que tienen una afección que no llega al 4 por ciento (3,8%) sin que, además, estas infraestructuras sean destinadas en todos los casos a aulas para impartir clases.
Adelaida de la Calle
Adelaida de la Calle
EUROPA PRESS
Adelaida de la Calle

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha asegurado que quitará "cuanto antes" las aulas prefabricadas —comúnmente denominadas 'caracolas'— en los centros educativos andaluces, en los que tienen una afección que no llega al 4 por ciento (3,8%) sin que, además, estas infraestructuras sean destinadas en todos los casos a aulas para impartir clases.

Así lo ha asegurado la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, durante su comparecencia en el marco de un debate agrupado en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, en el que ha desvelado que en el presente curso escolar 2015-16 son 178 centros educativos los que cuentan con estas aulas, lo que afecta a un 0,048 por ciento de los alumnos del sistema.

"Las prefabricadas no son una presencia habitual, y menos aún mayoritaria, dentro del sistema andaluz", ha aseverado De la Calle, que recuerda que hay provincias en las que esta figura está total o prácticamente suprimida, como Jaén o Córdoba, siguiendo la tendencia de reducción en los últimos diez años de estas infraestructuras, que han pasado de 437 a las actuales 317, un 30 por ciento menos.

Además, la consejera ha recordado que cerca del 50 por ciento de las aulas prefabricadas tienen siempre detrás obras en ejecución, "es decir, una solución en marcha", y que, en este sentido, la instauración y retirada de estos módulos depende de factores tales como los flujos de matriculación —muchas veces los incrementos "explosivos" de escolarización de corta vigencia no hacen aconsejable una ampliación del centro y sí la instalación de una 'caracola'— o la programación de los trabajos, cuya permanencia en el tiempo marca el límite de permanencia del aula.

Asimismo, la titular autonómica de Educación ha incidido en que no todas las prefabricadas van destinadas a ser aulas, sino que muchas son espacios adicionales "que luego cuentan con reticencias a la hora de la retiradas, por ser considerados un espacio más del centro".

Retrasos por las restricciones del gobierno

Por lo demás, De la Calle ha vuelto a insistir en la situación de otras comunidades autónomas —en Valencia, ha dicho, existe una treintena de centros completamente prefabricados— y en la responsabilidad de la Junta para garantizar que los módulos estén "en óptimas condiciones técnicas".

La Junta priorizará la retirada de las prefabricadas —"que no son barracones, chabolas ni latas"— que lleven más tiempo y los centros que estén íntegramente en esta situación, según la consejera andaluza, que ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso de quitarlas en el menor tiempo posible al entender que "todo el alumnado del sistema educativo debe estar en cursos permanentes".

La titular de Educación ha reconocido que las restricciones presupuestarias de los últimos años han retrasado la ejecución de algunas actuaciones que estaban programadas, "restricciones motivadas por la asfixia a las que nos ha sometido el Gobierno de la nación", ha señalado.

Plan ola

Por otro lado, la consejera se ha referido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) puesto en marcha por la Junta en 2011 con el fin de mejorar las instalaciones docentes y a generar empleo en la construcción. Así, ha informado de que el 94,3 por ciento de las 1.196 actuaciones de construcción ampliación y mejora de centros escolares recogidas en el Plan OLA ya se encuentran ejecutadas. Según ha explicado De la Calle, este grado de desarrollo del plan supone la ejecución del 96,2 por ciento del presupuesto previsto, que asciende a 300 millones de euros.

Además, el Plan OLA, ha asegurado la consejera, ha favorecido la contratación de desempleados de larga duración, preferentemente con cargas familiares, y procedentes de la construcción. De esta forma, se estima que cuando finalice el plan se crearán 8.276 puestos de trabajo. En cuanto a las empresas de la construcción que hasta el momento se han adjudicado obras de este plan ascienden a 377, de las cuales el 85 por ciento son empresas con sede en Andalucía.

Por parte del Grupo Popular, la parlamentaria María Francisca Carazo ha hecho hincapié en el "enorme impacto" de las aulas prefabricadas, que "ponen de manifiesto un fracaso, el de la política educativa de 32 años de gobierno socialista". Y es que, ha añadido "esas latas dicen mucho, no se pueden tapar".

Las 'caracolas', agrega Carazo, han supuesto en muchos casos restar espacios a otros servicios educativos o ha generado molestias a padres que deben repartir a sus hijos por aulas "diseminadas". "Se sienten engañados", ha resumido, criticando que la Junta recurra al argumento de la financiación estatal cuando la retirada de las aulas lleva "décadas" contemplada. Ha apostillado la pretensión del PP de una partida "digna y suficiente, y que se ejecute en su integridad".

"desconexión entre necesidades e inversiones"

La diputada Libertad Benítez (Podemos) ha aludido al "miedo" con el que muchas familias envían a sus hijos a las clases en estas infraestructuras y ha recalcado la conveniencia de que los planes de infraestructuras tengan en cuenta las necesidades del alumnado, pues "no se pueden construir edificios sin tener claras las necesidades que se persiguen", en lo que ha calificado de "desconexión entre necesidades e inversiones".

En representación de Ciudadanos, la parlamentaria Isabel Albás ha especificado que su formación no desea que "un niño tenga todo su desarrollo escolar en estas instalaciones inaceptables", ya que, pese a lo que se defiende desde la Junta, "no todas están en las mismas condiciones". Asimismo, ha criticado la dinámica del "y tú más" establecida entre PSOE y PP.

Por parte de IULV-CA, Antonio Maíllo ha expresado la opinión de que, en lo tocante a aulas prefabricadas, el mejor número es "cero", así como de la necesidad de ser "sinceros" con las familias y darles seguridad sobre las fechas y la finalización de la ejecución.

Adela Segura (PSOE) ha puesto el foco de su intervención en el hecho de que el 90 por ciento de los ingresos de la comunidad autónoma depende de la entrega a cuenta del Gobierno, razón por la que ha instado a reclamar del Ejecutivo central un mayor compromiso en este sentido para con una región "infrafinanciada".

Por otro lado, la Comisión de Educación ha aprobado una proposición no de ley (PNL) relativa a este mismo asunto, propuesta por el PP y que ha salido aprobada, según la cual el Parlamento instará a la Junta a garantizar las dotaciones presupuestarias y dar prioridad a la supresión de estas aulas.

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