Representantes de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura han trasladado este miércoles a la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, sus preocupaciones y reivindicaciones en torno a asuntos como los refugiados sirios o el reparto del 0,7 por ciento del IRPF.

En declaraciones a los medios al término del encuentro, Herrera ha concretado que se han presentado con motivo del cambio en la presidencia, que actualmente ostenta Manuel López Risco, y que le han manifestado sus preocupaciones en torno a temas de actualidad relacionados con el sector como qué va a pasar tras la sentencia que ha habido en Cataluña sobre la distribución del 0,7 por ciento del Impuesto de la Renta o acerca de los refugiados.

En relación a ambos asuntos, ha considerado que se mantendrán reuniones conforme dispongan de más información, a la vez que ha incidido en relación a los refugiados que van a tener "todos los derechos de cualquier español menos el derecho al voto" y que hay que coordinarse y estar "unidos codo con codo" con las comunidades autónomas, en este caso con la de Extremadura y la Consejería de Sanidad al ser quien tiene las competencias en materia social.

"participación organizada"

Por su parte, Manuel López Risco ha explicado que se ha tratado de un encuentro "muy cordial" y "muy positivo" que se ha llevado a cabo con el objetivo "fundamental" de presentar la Plataforma del Tercer Sector, sus fines y los trabajos que lleva a cabo esta organización que ofrece "la participación organizada" y que está "avalada" por las entidades integrantes como Cáritas, Cruz Roja, el Cermi o la ONCE.

Durante el mismo, ha agregado, han abordado "los últimos problemas que están surgiendo" y en los que están trabajando estas entidades, como el reparto del 0,7 por ciento del IRPF y la 'X solidaria' que influye en la financiación de las más de 200 entidades en la región que integran la citada plataforma, a las que les "preocupa mucho" esta sentencia que "ordena esto de otra manera".

De esta forma se ha referido a una sentencia que ha establecido que la competencia de distribuir subvenciones a las entidades sociales es de las comunidades autónomas, en relación a la cual López Risco ha dicho que quieren saber "cómo va a quedar el tema" dado que quieren preverlo "con vista a futuras actuaciones".

También han hablado, ha apostillado, sobre los refugiados que están "en primera línea de atención", así como sobre otros asuntos que les preocupan como la representatividad de la sociedad civil.

Cruz roja

En nombre de Cruz Roja Extremadura, Jesús López Santana ha explicado que las organizaciones sociales de la región reciben en torno a unos 6 millones de euros del tramo del 0,7 por ciento del IRPF, pero que si esta sentencia se lleva a efecto dicha distribución "va a ser distinta porque será por comunidades autónomas".

"Esto nos pone en un escenario, que es el temor que tiene el Tercer Sector, de que de cara al año 2017 podríamos ver reducida considerablemente las aportaciones del IRPF que afectan directamente a las personas que atienden las organizaciones de la Plataforma del Tercer Sector, que son más de 200.000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura", ha lamentado.

Acerca de los refugiados, López Santana ha recordado que Cruz Roja está desarrollando acciones como la atención a las personas refugiadas en todos los países de la Unión Europea y en aquellos países en los que hay un "conflicto" o "una situación de calamidad que genera movimientos masivos de población" como el caso de Siria, así como en las fronteras de la UE proporcionando atención básica y humanitaria a quienes llegan a las mismas.

En el caso de España, ha aseverado que están trabajando con la Administración Central del Estado al ser la competente en materia de asilo y de refugio y con la Comunidad Autónoma para dar atención a aquellas personas que, en los próximos meses o años, pudiesen llegar a la región extremeña con esa "condición de refugiados o solicitantes de asilo".

Estas personas, según Jesús López Santana, podrían recibir atención "estandarizada" y "protocolizada" consistente en el alojamiento y manutención, y en el proceso de acompañamiento para su integración "en un periodo de entrada no inferior a seis nueve meses" en cuestiones como tramitar las tarjetas sanitarias, temas legales, escolarización de los menores o apoyo psicológico.