La Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, han acordado este martes la firma de un protocolo en materia de intermediación bancaria y reestructuración de la deuda hipotecaria de los ciudadanos.

La presidenta de la institución provincial, Rosario Cordero, y la secretaria general del área, María Isabel Moreno, se han reunido esta tarde para tratar este asunto, además de abordar la situación de las oficinas técnicas de vivienda que antes existían en todas las comarcas, la eliminación de barreras arquitectónicas y la situación en la que se encuentran en estos momentos las Oficinas de Información del Consumidor (OMIC), tras la reforma local que el Gobierno de España realizó hace ya dos años, en el 2013.

"Se trata de un paso más en la coordinación entre la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura ya que son todos ellos asuntos con los que queremos llevar los servicios más cercanos a la población" ha señalado Charo Cordero.

Según informa la diputación cacereña en nota de prensa, ambas instituciones creen en la "importancia de ruralizar Extremadura" y esto significa que "todos los pueblos cuenten con todos los servicios", ha añadido la presidenta de la institución provincial.

Tanto Cordero como Moreno han coincidido en afirmar que "se trata de tener voluntad política" para intentar llegar a uno de los problemas que en estos momentos más afectan a los ciudadanos como es la reestructuración de las deudas hipotecarias para aquellas personas que tengan pendiente de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y cuya recaudación se lleva a cabo a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación provincial.

Por su parte, María Isabel Moreno ha subrayado la importancia de eliminar las barreras que los deudores hipotecarios tienen a veces por tener deudas pendientes con el IBI y ha aprovechado para informar a los deudores hipotecarios que próximamente podrán pedir, cuando elaboren un protocolo que firmarán con las dos Diputaciones, Cáceres y Badajoz, un certificado para acreditar que sus deudas están en un proceso de pago y puedan reestructurar sus deudas hipotecarias, que es lo que las entidades financieras les vienen exigiendo.

"Estas actuaciones se engloban dentro de la idea que tiene la Junta de Extremadura de hacer de intermediario financiero entre los bancos o entidades financieras y los deudores de los préstamos hipotecarios que tan mal lo están pasando", ha concluido la secretaria general de Vivienda.

Finalmente han tratado la situación en la que se encuentran en estos momentos las Oficinas de Información del Consumidor (OMIC), tras la reforma local que el Gobierno de España realizó hace ya dos años, en el 2013.

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