Las dos mujeres, madre e hija, acusadas de estafar más de 5.600 euros a diferentes hosteleros en 2013 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado una pena de 21 meses de prisión, además de devolver a las víctimas el dinero adeudado, ha confirmado a Europa Press el abogado de una de las acusadas, Manuel Antonio Caso.

Según la Fiscalía, las acusadas aparentaban una capacidad económica de la que carecían para contratar servicios, además de realizar compras de productos, que no pensaban pagar, en varios establecimientos de Gijón.

Durante dos semanas de julio de 2013, las acusadas acudieron al establecimiento de catering y comida para llevar La Perdiz Roja, efectuaron consumos en este local por importe de 65 euros. En el establecimiento El Puente Romano, efectuaron consumiciones por importe de 4.118,50 euros.

Asimismo, entre el 23 de septiembre y el día 30 de octubre, las acusadas fueron a comer diariamente y a cenar algunos días al establecimiento El Bosco, efectuaron consumos en dicho restaurante por importe de 1.430,40 euros. El 'modus operandi' de las acusadas consistía en llegar a un acuerdo con los propietarios de los locales para realizar el pago de todas su consumiciones el día 25 de cada mes, madre e hija no abonaron ninguna de sus cuentas en los establecimientos afectados.

Durante agosto de 2013, también acudieron diariamente al establecimiento Pili Carrera, donde consiguieron unos zapatos de niño valorados en 66 euros, con el compromiso de pagar su importe tras comprobar que le servían al niño al que pensaban regalárselos.

Las acusadas ya fueron condenadas por sentencia firme en mayo de 2012 por un delito de coacciones, a la pena cada una de ellas de quince meses multa con una cuota diaria de seis euros y las accesorias correspondientes.

La Fiscalía ha considerado estos hechos constitutivos de un delito continuado de estafa por lo que, además de la pena de prisión, pide para madre e hija inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, abono de las costas procesales y pago de las correspondientes indemnizaciones a los hosteleros presuntamente estafados.

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