El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha afirmado este lunes que tanto la fiscalía como los jueces están archivando expedientes en casos "claros" de intrusismo profesional porque tienen, en ocasiones "una idea preconcebida del concepto de intrusismo, el cual ven desde una perspectiva únicamente de defensa de los intereses corporativos de una profesión, ante lo que son reticentes".

Así lo han indicado desde la organización profesional en un comunicado, en el que han explicado que el ICOFCV lleva meses trabajando en diversos procedimientos judiciales y, de hecho, en la actualidad tiene abiertas diez actuaciones en juzgados de Castellón, Valencia y Alicante. En concreto, hay casos en Vinaròs, Nules, Villa-real, Castellón, y Elche.

El ICOFCV se ha personado en varias diligencias contra pseudo-profesionales o centros que ofertaban y desarrollaban actividades propias del fisioterapeuta sin serlo, incurriendo también en publicidad engañosa y poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. Estas actuaciones han supuesto, además, un apoyo a los atestados presentados en los diversos casos tanto por la Policía de la Generalitat como por la Guardia Civil, han señalado las mismas fuentes.

Así, y aunque reconocen que "se han conseguido algunos logros en determinados casos", el asesor jurídico del ICOFCV subraya que "la lucha está siendo ardua" por el archivo de algunos casos. "Desde el punto de vista del profesional puede parecer que está muy claro cuando un pseudo-profesional está usurpando funciones que no le son propias e incurriendo en intrusismo. Sin embargo, la realidad es que ante el juez y el fiscal la sola denuncia no está funcionando, la tendencia generalizada que estamos viviendo es el archivo", ha indicado el asesor, Santiago Sevilla.

Ante ello, el Colegio ha recurrido los casos archivados y sigue trabajando para reforzar las pruebas que les permitan acreditar que las acciones denunciadas son un trabajo propio de los fisioterapeutas ante jueces y fiscales y que la ejecución de estas por personas no capacitadas para ello puede acarrear problemas de salud para la sociedad.

"Este nuevo enfoque es clave, nos beneficia a todos. Es costoso pero es necesario si queremos conseguir resultados hacerles ver que no estamos defendiendo sólo la profesión, que es fundamental actuar judicialmente para garantizar, a través de verdaderos profesionales, que al ciudadano le llega una atención sanitaria en condiciones, de calidad", ha agregado Sevilla.