El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha afirmado este lunes que "hay que abordar" la reforma fiscal, no modificando solo "un impuesto ni dos" para acometer un nuevo ejercicio presupuestario que se centrará en el pago de las nóminas de los empleados públicos y el gasto social.

"Sin una reforma fiscal el problema es muy serio y con reforma fiscal también, no vale modificar un impuesto ni dos impuestos", ha aseverado el consejero, a cuyo juicio "no queda otro remedio" que realizar esta actuación.

"A la fuerza nos tenemos que plantear qué pasa con el impuesto de patrimonio y el de sucesiones", ha señalado Gimeno en Comisión de las Cortes de Aragón. "A veces los problemas fiscales son también éticos", ha considerado el consejero, quien ha lamentado que, hasta ahora, "los ajustes se han producido por la vía del gasto, no de los ingresos, y eso es un debate a nivel europeo".

Además, el Ejecutivo llevará a las Cortes una propuesta de refinanciación de la Corporación Empresarial Pública por 234 millones de euros, con la que la Comunidad Autónoma reducirá su deuda, por este concepto, en más de 50 millones.

El Departamento trasladará a las Cortes un documento de la UZ para "ponernos de acuerdo" sobre la financiación de la Comunidad Autónoma, de cara a defender una posición común en el próximo debate nacional sobre las cuentas de las Comunidades Autónomas.

NÓMINAS

Fernando Gimeno se ha quejado de que parte de las nóminas de este año de los funcionarios no estaba consignada, por lo que el Ejecutivo ha tomado la decisión de aprobar una retención de créditos presupuestarios para pagarlas, así como para abonar el déficit de las políticas de inclusión social, con un coste de menos de dos millones de euros, de atención a la dependencia (17-18 millones), y el auto judicial que obliga a pagar 11,5 millones de euros a la Universidad de Zaragoza, lo que supone en total 175 millones de euros "por el momento".

La Comunidad Autónoma tiene una capacidad de gasto de 180 millones de euros hasta final de año, lo que "ni es malo ni es bueno, es lo que es", ha expresado el consejero, para quien el pago de las nóminas es prioritario.

Por otra parte, el Gobierno convocará la mesa de la función pública para llegar a un acuerdo con los sindicatos respecto al pago de la paga extra de 2012 y la subida salarial. "Espero que los funcionarios tengan en cuenta que las necesidades en la calle también son importantes".

COMPROMISOS

Ha dejado claro que, aunque no hay "ningún programa de gobierno", el Ejecutivo de Javier Lambán se debe al programa del grupo socialista y a los compromisos asumidos con Podemos, CHA e IU. "Somos muy conscientes de que somos un Gobierno en minoría", ha dicho.

El Departamento de Hacienda trabaja con dos objetivos, "recuperar la calidad de los servicios y la senda presupuestaria adecuada", dada la situación que "nos hemos encontrado", que "procede de ejercicios anteriores" y que se concreta en los datos del Banco de España, que ha constatado que Aragón incumple las ratios de déficit y de endeudamiento, pero no la regla de gasto "hasta ahora".

Ha observado que, según datos del Banco de España, Aragón ha aumentado su déficit en 2014 un 1,78 por ciento, con una previsión de no menos del 1,8 para este año, y tiene una necesidad de financiación de 591 millones de euros, cifras que reconoce la Comunidad Autónoma. Fuera de los Presupuestos hay gastos por más de 608 millones, a lo que se suma una tensión de 165 millones de euros de ingresos que no entrarán.

Este año "está agotado para la adopción de medidas, por las fechas en que nos encontramos", ya que se han conformado Gobiernos nuevos y porque el gasto público se dispara antes de las elecciones, pero "hay que hacer un plan económico-financiero", que incluirá una nueva definición de los ingresos, ya que la participación en los ingresos del Estado aumentará en 175 millones respecto a este año.

Ha propuesto negociar con el resto de las Administraciones territoriales con capacidad de inversión para que aporten inversiones y poder aumentar la inversión, en 2016, de 100 millones de euros. "Hay que ponerse de acuerdo".

También ha dicho que "nos vamos a acoger" al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "sin ningún tipo de problema" porque actualmente "estamos igual de intervenidos" y con este mecanismo "vamos a bajar de una forma espectacular" el coste de la financiación de la Comunidad.

GRUPOS

Desde el PSOE, Alfredo Sancho ha hecho notar que la deuda de la Comunidad Autónoma "se ha duplicado" y ha emplazado a Gimeno a volcarse en la refinanciación de la misma. La calidad de los servicios públicos debe basarse en la eficiencia y la eficacia.

La parlamentaria de Podemos Marta de Santos ha avisado de que la situación está "seriamente comprometida" para desarrollar los servicios sociales. Ha dicho que la política de endeudamiento realizada hasta ahora "demuestra claramente para quién se ha gobernado: para la banca privada y los intereses económicos y financieros".

Ha opinado que "hay muchos gastos que eliminar", en alusión a la externalización de servicios, y ha pedido que el Gobierno realice una auditoría económico-financiera y funcional para mejorar no solo la eficiencia, sino también la eficacia de los servicios públicos.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha afirmado que "necesitamos la reforma de la política fiscal en todo el Estado" para apuntar que en 2014, cuando todavía gobernaba el PP, el déficit alcanzó el 1,78 por ciento, 0,78 por ciento más del objetivo fijado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y para este año es del 0,7 por ciento.

"La realidad es que la deuda es impagable y el déficit es incontrolable", ha considerado Luquin, quien ha asegurado que la primera medida del Departamento debe ser la modificación presupuestaria, teniendo en cuenta que las nóminas de sanidad y educación hasta diciembre no están presupuestadas.

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha defendido la gestión realizada por el anterior Gobierno, en alusión expresa a los servicios públicos, que están "muy bien valorados" y ha recordado que el anterior Ejecutivo se encontró, en 2011, con una deuda sanitaria oculta de 400 millones de euros.

Ha preguntado a Gimeno a cuánto asciende el déficit de la Comunidad Autónoma a fecha 30 de junio, en la etapa en la que el PP era responsable de las arcas públicas.

La diputada del PAR, Elena Allué, ha apostado por cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y ser "implacables" para que la presión fiscal no vuelva a recaer en las familias de las clases medias.

Ha recordado al consejero que "va a tener que traer el plan económico-financiero para contener el gasto en 2015, va a tener que cumplir con los acuerdos de investidura que ha hecho con Podemos, IU y CHA, traer el debate del techo de gasto, una nueva política fiscal y nuevos presupuestos para 2016".

En representación de C's, Ramiro Domínguez, ha alertado de que "no hemos cumplido con nada de lo que estábamos obligados", toda vez que la deuda es de 6.000 millones y el déficit se sitúa en unos 600. Ha propuesto controlar más el gasto y el fraude, potenciar la contratación centralizada, armonizar los impuestos e incrementar la eficacia de los cobros pendientes.