La Fiscalía del Principado de Asturias solicitará la condena a dos años y tres meses de prisión para cada una de las dos mujeres, madre e hija, acusadas de estafar en 2013 a varios hosteleros de Gijón, a los que dejaron deudas que suman más de 5.600 euros. La vista oral se celebrará este martes, 15 de septiembre de 2015, en el Juzgado de lo Penal número uno de Gijón, a las 11.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que las acusadas, madre e hija, aparentando una capacidad económica de la que carecían contrataron servicios y realizaron compras de productos, que no pensaban pagar, en varios establecimientos de Gijón.

Durante dos semanas de julio de 2013, las acusadas acudieron al establecimiento de catering y comida para llevar La Perdiz Roja, efectuaron consumos en este local por importe de 65 euros. En el establecimiento El Puente Romano, efectuaron consumiciones por importe de 4.118,50 euros.

Asimismo, entre el 23 de septiembre y el día 30 de octubre, las acusadas fueron a comer diariamente y a cenar algunos días al establecimiento El Bosco, efectuaron consumos en dicho restaurante por importe de 1.430,40 euros. El 'modus operandi' de las acusadas consistía en llegar a un acuerdo con los propietarios de los locales para realizar el pago de todas su consumiciones el día 25 de cada mes, madre e hija no abonaron ninguna de sus cuentas en los establecimientos afectados.

Durante agosto de 2013, también acudieron diariamente al establecimiento Pili Carrera, donde consiguieron unos zapatos de niño valorados en 66 euros, con el compromiso de pagar su importe tras comprobar que le servían al niño al que pensaban regalárselos.

Las acusadas ya fueron condenadas por sentencia firme en mayo de 2012 por un delito de coacciones, a la pena cada una de ellas de quince meses multa con una cuota diaria de seis euros y las accesorias correspondientes.

La Fiscalía ha considerado estos hechos constitutivos de un delito continuado de estafa por lo que, además de la pena de prisión, pide para madre e hija inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, abono de las costas procesales y pago de las correspondientes indemnizaciones a los hosteleros presuntamente estafados.