La reivindicación de los padres afectados por la decisión del Gobierno asturiano de suprimir la parada de autobús de Casa Lalo al colegio rural agrupado (CRA) La Marina, en Quintes (Villaviciosa), está obteniendo resultado. El Defensor del Pueblo ha decidido continuar con la tramitación de su queja ante la administración educativa asturiana con el objetivo de buscar una solución para los pequeños.

Fue a comienzos del curso pasado cuando la Consejería de Educación informó de la supresión del servicio de transporte desde Casa Lalo que venía ofreciendo. Ya lo habían intentado a mediados del curso anterior, pero la movilización de los padres lo impidió.

Sin embargo, la supresión se consumó en el curso 2014-2015 y los padres tuvieron que estar el curso pasado acompañando a sus hijos por la carretera, preocupados por su seguridad. Consideraron desde el principio la decisión arbitraria, porque había plazas suficientes y no existía un acceso peatonal adecuado, con lo que existían riesgos. Se trata de niños muy pequeños, de tres años incluso.

Ahora han encontrado el respaldo del Defensor del Pueblo en su queja. En una comunicación consultada por Europa Press y firmada por la adjunta segunda de la institución, Concepció Ferrer Casals, entiende que ha de prevalecer la integridad de los alumnos.

Relata que la contestación de la Consejería de Educación asturiana al asunto planteado por el Defensor se limitó a una conclusión del Consorcio de Transportes "sin precisar su contenido y sin entrar a analizar en ningún caso las objeciones".

Según el Defensor del Pueblo, la mayoría de las administraciones educativas tienen en cuenta no sólo los supuestos definidos a nivel legal, sino también otras situaciones en las que, aún no siendo preceptiva la prestación de una parada, concurren circunstancias, como "condiciones de peligrosidad de los desplazamientos a pie", que hacen aconsejable que el citado servicio se proporcione. "Tanto para preservar su integridad física como, desde un punto de vista educativo, para garantizar su asistencia regular a los centros docentes", apunta.

De esta forma, El Defensor del Pueblo informa a los padres que va a trasladar al Gobierno asturiano esas consideraciones, con el ruego de que se le informe de la solución normativa o de carácter interpretativo que se adopte para que los alumnos vuelvan a tener el transporte escolar.

Los padres afectados aspiran a que la solución llegue lo más pronto posible, dado que el curso 2015-2016 ya ha comenzado y siguen preocupados por la seguridad de sus hijos.

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