La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado distinta documentación a la esposa del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, Patrocinio Sierra, antes de determinar la cuantía de la pensión de alimentos solicitada por la imputada para poder hacer frente a gastos "cotidianos" como agua, electricidad, gas, calzado o ropa.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicita a la representación procesal de Patrocinio Sierra que, con carácter previo a la fijación de la cuantía de la pensión de alimentos, "aclare" una serie de extremos, como por ejemplo el domicilio en el cual residen los miembros de la familia.

De igual modo, y en esta providencia fechada el día 7 de septiembre, la instructora solicita a la imputada que informe sobre la situación de cada uno de los inmuebles no utilizados como residencia propiedad de los integrantes de la familia, "así como percepción de rentas en su caso", y sobre quiénes son los usuarios de las cuatro líneas telefónicas contratadas.

En su escrito, la Fiscalía, que no se opuso a la solicitud de pensión planteada por la imputada —que la cifró en 1.945,80 euros—, insiste en reclamar al Juzgado que compruebe, a través de oficios a la Agencia Tributaria y a la Guardia Civil, "las rentas de cualquier tipo que perciban o pudieran percibir a la fecha los miembros de la unidad familiar de la solicitante".

La petición

En un escrito, el abogado de Patrocinio Sierra pone de manifiesto que, "al igual que está ocurriendo con otros imputados", tanto ella como su esposo "carecen de medios para subsistir" tras los embargos acordados contra ellos "por unos importes millonarios", pues la juez Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones a Lanzas y de 14,7 millones a su mujer.

La imputada, que solicita a la juez una reducción del embargo, señala que "las propias piezas de responsabilidad civil tramitadas contra ellos delatan la situación de insolvencia en la que se encuentran, pues no solo se acordó el embargo de sus inmuebles sino el bloqueo de todas sus cuentas corrientes".

Todo ello "hace que incluso los recibos habituales de cualquier hogar —electricidad, agua, gas— que se venían abonando con aportaciones de familiares, en una cuenta" de la imputada, "finalmente ante su último bloqueo primero y embargo después, tuvieron que ser trasladados a la cuenta de otro familiar con recursos, que se ocupa de este aspecto de su subsistencia con su propio peculio".

"En el momento presente ningún miembro de la familia tiene recursos económicos", alega la imputada, que recuerda que a Juan Lanzas "le llegaron a denegar, incluso, el subsidio de desempleo para liberados de prisión por entender el Servicio Público de Empleo Estatal que no cumplía el requisito de carencia de rentas", para lo que tomó como referencia la declaración del IRPF de 2012, "antes de su ingreso en prisión y bloqueo y embargo de todas sus cuentas".

"minoración de ingresos brutal"

Esta resolución fue impugnada pero su pretensión fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 3 de Jaén, que le denegó "la excepcional figura de prestación de subsidio de desempleo de liberado de prisión, cuando persigue facilitar la reinserción", critica la imputada en su escrito, en el que señala que "los pocos jornales dados en su pueblo para tener algún tipo de ingreso —12 en total— no fueron validados por la Tesorería General de la Seguridad Social para su admisión en el Reass, lo que habría permitido su contratación por otros empresarios agrícolas en su zona de residencia".

La imputada añade que ella "también ha intentado" trabajar en el sector agrario, comenzando en 2013 en fincas de su suegro, y logrando reunir 30 jornales, pero la Tesorería General de la Seguridad Social "la excluyó del censo agrario y de todo derecho a prestación así como posibilidad de trabajar con otros empresarios agrícolas" dado que "entendía que no eran jornadas reales, obviando que en 2013 se produjo en la familia una minoración de ingresos brutal", por lo que "resultó preciso trabajar en lo que se pudiera y donde se pudiera".

"Se vive sin recursos, sólo de las aportaciones familiares, en su mayor parte de los padres de su esposo que tienen pequeñas pensiones, y obtienen además un escaso rendimiento agrícola" de sus fincas, alega la imputada, que reclama una reducción del embargo, el desbloqueo de las cuentas y una pensión de alimentos de 1945,80 euros mensuales equivalente a multiplicar el módulo básico de subsistencia por los tres miembros de la familia.

Liberación de fondos en otras 'MACROCAUSAS'

La imputad recuerda que "otros imputados en macrocausas similares a ésta han obtenido durante la instrucción la liberación de fondos en cuantía suficiente para poder sufragar sus necesidades familiares más básicas, por cierto sin oposición del Ministerio Fiscal y sin la carga procesal de la búsqueda exhaustiva de empleo que se viene imponiendo, y que resulta exagerada en la presente situación de crisis económica".

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