La asociación de vecinos Bami Unido, que apoya la implantación de la zona azul en dicho barrio de Sevilla, ha celebrado dos asambleas para decidir sus alegaciones frente al decreto emitido por el Ayuntamiento, para suprimir 545 plazas de estacionamiento regulado en el entorno del campus universitario de Pirotecnia, 200 plazas en Bami y cien plazas en los alrededores de la avenida de Luis Montoto.

A la espera de la reunión anunciada por el alcalde, Juan Espadas (PSOE), el colectivo vecinal ha acordado, en el seno de estas dos asambleas, un manifiesto en defensa de la zona azul. El manifiesto, recogido por Europa Press, expone el deseo de los miembros de esta asociación de que la zona azul "permanezca tal como está en número de plazas y en horarios", porque "estábamos razonablemente contentos" con ella. "La mejora en la calidad de vida del barrio ha sido evidente y espectacular con la implantación de la zona azul", con cuyo funcionamiento se constata según estos vecinos "la mejora en la sensación y experiencia de seguridad física y emocional, en tranquilidad y silencio, en limpieza del barrio", toda vez que los problemas por los aparcacoches ilegales o gorrillas, "se habían paliado notablemente".

"La zona azul solucionaba razonable y claramente uno de los mayores problemas del barrio: la presencia de mafias de gorrillas en las calles. Queremos y necesitamos la zona azul porque ha evitado la presencia de mafias intimidantes de gorrillas en las calles. No queremos, no entendemos, no aceptamos un recorte de plazas y de horarios", expone este manifiesto, que recuerda que "la asociación de vecinos ha pedido la implantación de la zona azul desde hace años".

"El recorte de horario y plazas va directamente en contra de la voluntad y las necesidades de los vecinos de Bami. Queremos que se respete la voluntad real de los que vivimos en el barrio", defienden estos vecinos, quienes avisan de que no van a "callar" ante las medidas "que se avecinan". "No nos vamos a estar quietos", advierten.

La zona azul

En junio de 2014, con el popular Juan Ignacio Zoido como alcalde, entró en vigor la ampliación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul, que contempla casi 190 calles, avenidas y plazas sometidas a esta figura de pago. A través de esta ampliación, la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), pasaba a explotar 7.553 plazas de estacionamiento como zona azul a partir de las 4.112 que hasta entonces estaban sometidas a esta figura.

La ampliación de la zona azul derivó en un intenso debate público y político con partidarios y detractores. Dado el caso, y aún con el PP en el poder, el Ayuntamiento emprendió una reordenación de la zona azul y tras el correspondiente proceso de alegaciones a la propuesta de reestructuración, emitió un decreto definitivo sobre la reestructuración de la zona azul que eliminaba 264 plazas en las calles Nebli, Blanco White, Paseo Colón y la avenida de la Palmera, transformando 104 plazas de zona azul en nuevas plazas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en la Macarena, Arenal-Centro, Los Remedios, Luis Montoto, Pirotecnia, Viapol y Bami.

El nuevo decreto, en paralelo, creaba 352 plazas en calles como Jiménez Aranda, Úbeda, Castillo de Cumbres Mayores o Castillo de Fregenal de la Sierra. Por último, bajaban de categoría y por tanto de tarifa 1.767 plazas.

Esta ampliación de la zona azul ha suscitado una intensa polémica en el barrio de Bami, una zona asediada por los aparcacoches ilegales o 'gorrillas' y en la que estacionan tanto sus vecinos, como los trabajadores, pacientes y familiares de pacientes del Hospital Virgen del Rocío, o los empleados de la Consejería de Medio Ambiente, enclavada en la avenida de Manuel Siurot. En Bami, así, las opiniones se dividen entre vecinos que defienden la medida al asegurar el estacionamiento a los residentes, que gozan de acreditación para ello, y comerciantes y trabajadores que reclaman la retirada de las plazas.

El margen del diez por ciento

De cualquier manera, el nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), tiene entre sus promesas electorales la derogación de la ampliación de la zona azul para reestructurar este servicio sobre consensos ciudadanos en las zonas donde funcione. Pero como primera medida, había anunciado que mediante la variación del diez por ciento del número de plazas que admite en el contrato adjudicado a Aussa para la explotación de la nueva zona azul, el nuevo Gobierno municipal comenzaría ya a suprimir plazas en el entorno del campus universitario de Pirotecnia y el barrio de Bami, en este último caso mediante consenso con los agentes sociales afectados.

Por eso, el concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores firmaba hace pocos días el decreto de "revisión" de la ampliación de la zona azul, para dar cumplimiento al anuncio de Juan Espadas. Dicho decreto, recogido por Europa Press, contempla la "supresión" directa de 545 plazas de zona azul en el entorno del campus universitario de Pirotecnia, —donde restarán unas 220 plazas de zona azul para un total de 110 tarjetas de residentes—, 200 plazas en Bami y cien plazas entre la avenida de Luis Montoto y la calle Jiménez Aranda.

En el primer caso, el de Pirotecnia, se propone la supresión de 545 plazas en las calles Ramón Carande, Ángel Gelán, Compositor Manuel Castillo, Doctor Losada Villasante, Miguel Rodríguez Piñero, Pirotecnia, presidente Cárdenas, Profesor Gonzalo Sánchez y Rector Candil, toda vez que en Bami "se requiere la participación de los ciudadanos afectados para valorar tanto la supresión de plazas como la equiparación de los horarios a las demás zonas" y en el caso de la avenida de Luis Montoto, se abre también "un proceso previo de participación que determine el alcance de la revisión".

El decreto incluye la idea de que las personas de movilidad reducida puedan aparcar gratis en la zona azul simplemente con su tarjeta de aparcamiento y sin necesidad de contar con el "distintivo especial" de la zona azul de Sevilla capital. Tras la publicación del mencionado decreto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), hasta el próximo 23 de septiembre es posible formular alegaciones o propuestas al mismo.