El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha expresado este viernes su confianza en que el resto de grupos políticos presentes en la Cámara andaluza dejen "la guerra infantil" para ver quién preside la comisión de investigación sobre los cursos de formación puesto que el fin de la misma es "la búsqueda de la información y la transparencia".

En declaraciones a los periodistas en Aljaraque (Huelva), Jiménez se ha referido a la aprobación del pleno del Parlamento este jueves por unanimidad para la creación de una comisión de investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde el año 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación.

En este sentido, el socialista ha señalado que "lo visto hasta ahora" por el resto de formaciones "no nos llena de confianza" porque, a su juicio, se ha producido "una guerra infantil para ver quién preside la comisión de investigación".

Por ello, ha lamentado que se dé una actitud "irresponsable buscando más la pasarela política que la búsqueda de la información y la transparencia" en esta cuestión. "Espero que eso se reconduzca y esa pelea entre los distintos grupos desaparezca porque están dando un espectáculo lamentable", ha proseguido Jiménez.

Convencido de que "esa no es la postura" de cara a la comisión, ha sostenido que, una vez se constituya, fruto "del diálogo entre todos los grupos políticos" debe salir una propuesta "compartida por todo el mundo" para que un diputado o diputada del Parlamento andaluz, que "reúna los requisitos", se ponga al frente de la misma.

En su opinión, "lo que no tiene sentido es que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, esté peleando a cara de perro para intentar presidir esa comisión" cuando la iniciativa presentada por el PP-A en el Parlamento "no tuvo el respaldo porque nadie le ha reconocido al PP en el Parlamento legitimidad" para pedir una comisión de investigación "por lo que tienen encima".

En esta misma línea, ha remarcado que Podemos o IULV-CA también demandan presidir este órgano, "unos porque son nuevos y otros por ser los más chicos", pero "se trata de buscar a la persona con mejor perfil y capacidad" para ello porque la comisión "está para cumplir con su obligación y su responsabilidad". Así, ha dejado claro que desde el Grupo Socialista apuestan por "el diálogo" para elegir a la persona que desempeñe esa función.

En otro orden de cosas, el portavoz ha recordado que, aunque los socialistas consideran que "no tenía sentido" una comisión porque el caso ya se encuentra en los tribunales y la Junta investiga desde el punto de vista administrativo, dieron el respaldo para "unirnos a la voluntad mayoritaria del Parlamento".

"La comisión no tenía sentido desde el punto y hora de que los tribunales están investigando lo que pueda haber en términos de responsabilidad penal", así como "desde el punto de vista administrativo y de responsabilidad política la propia Junta de Andalucía está también investigando y se está dando cuenta de esa revisión de manera puntual al Parlamento", ha precisado Jiménez.

De este modo, ha hecho hincapié en que "la búsqueda de responsabilidades, si las hubiera, la tiene encomendada los tribunales, y la revisión administrativa la está haciendo la Junta", por lo que desde el PSOE defienden que "no era necesaria" dicha comisión. No obstante, "hemos querido unirnos a la voluntad mayoritaria del Parlamento para la creación" de la misma, ha agregado.

Jiménez, que ha manifestado su confianza en que cuando se constituya la comisión se haga un trabajo "serio y riguroso", ha apelado al resto de los grupos políticos a que hagan un trabajo "responsable y se eluda cualquier tentación de hacer del Parlamento un circo o un tribunal porque no puede ser ninguna de las dos cosas" ya que "ése no es el sentido de las comisiones de investigación".

A su entender, "hay que buscar el esclarecimiento de las circunstancias que hayan podido producirse y la dación de cuenta por parte de los responsables públicos, de funcionarios públicos y de las empresas públicas" ya que se trata de un caso donde algunas empresas podrían "no haber dado cumplimiento al objetivo por el que recibieron esos recursos de la administración regional, pero bajo ninguna circunstancia se ha dado una actitud de irresponsabilidad por parte de la administración de la Junta de Andalucía", ha concluido.