El Defensor actúa de oficio para elaborar un protocolo de actuación que luche contra la pobreza energética

Propone un gran acuerdo entre la Junta, la FAMP y Endesa para evitar cortes en el suministro eléctrico a personas con necesidad económica
Jesús Maeztu.
Jesús Maeztu.
EUROPA PRESS

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio dirigida a la Junta de Andalucía, a la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP) y a Endesa para elaborar un protocolo de actuación y firmar un convenio de colaboración que permita dar una respuesta común en todos los municipios andaluces a los casos de pobreza energética, "evitando que se sigan produciendo cortes en el suministro eléctrico a familias en situación de necesidad económica que no pueden hacer frente al pago de las facturas".

En el texto de dicha queja, consultado por Europa Press, la institución recuerda que viene mostrando desde hace varios años su preocupación por los efectos que ha causado la crisis económica sobre la población andaluza y en particular por la aparición de datos "preocupantes que ponen de manifiesto la existencia de una elevada tasa de riesgo de exclusión social y pobreza en la comunidad".

Además, apunta que esta situación afecta "de modo especialmente preocupante" a los menores, según ha publicado recientemente Unicef Comité Andalucía, situando a Andalucía como la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil (tasa Arope), con un 51,1 por ciento, lo que supone unos 834.000 niños (datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, 2014).

Igualmente, señala que entre los datos que reflejan esta difícil realidad destacan aquellos que ponen de relieve la dificultad de acceso para muchas personas a unos suministros básicos como la luz, el gas o el agua, ya que por su difícil situación económica se ven imposibilitadas de afrontar el coste de estos servicios, exponiéndose a posibles cortes en estos suministros básicos.

Así, Maeztu recuerda que su preocupación por esta realidad social "le ha llevado a denunciar públicamente esta situación en numerosas ocasiones" y a reclamar en los informes anuales elevados al Parlamento en los últimos años "la necesidad de una solución urgente a este problema que está llevando a muchas familias a situaciones de grave riesgo de exclusión social". Del mismo modo, señala que desde la Defensoría han insistido en la necesidad de un marco normativo que permita garantizar el acceso a determinados suministros que se consideren esenciales.

"Estas denuncias y estas peticiones (...) han ido poco a poco abriéndose camino en la conciencia social, encontrando un hueco entre los planteamientos de los diferentes partidos políticos y siendo objeto de propuestas y medidas concretas por parte de algunos responsables públicos", destaca el Defensor, toda vez que reconoce que el Gobierno de la Junta ha mostrado "sensibilidad" ante este problema con la inclusión en el programa de gobierno de la anterior legislatura de un compromiso formal para ofrecer soluciones "puntuales" a estas situaciones con la aprobación de medidas urgentes.

De hecho añade al respecto, la no aprobación por el Parlamento de la norma que estaba previsto que regulara esta realidad ante el final anticipado de la legislatura ha provocado que "la situación de las familias andaluzas siga siendo, a día de hoy, de gran precariedad", por lo que sigue siendo "real e ineludible" la aprobación de una norma que permita afrontar "con garantía, equidad e igualdad" estos problemas. Por ello, se congratula por que una propuesta en este sentido se encuentre incluida entre los compromisos anunciados por el Gobierno de la Junta para presente legislatura.

No obstante, el Defensor muestra su preocupación por el largo periodo que "inevitablemente deberá transcurrir" hasta que esta norma culmine su tramitación y vea finalmente la luz en el Parlamento de Andalucía. Por ello, y mientras esto ocurre, el Defensor propone la consecución de un gran acuerdo entre la Junta, la FAMP y Endesa "para garantizar que no se produzcan en Andalucía cortes de energía a personas y familias en situación de necesidad económica".

"El objeto de dicho acuerdo, al que podrían sumarse todos los Ayuntamientos que lo desearan, sería el de establecer un protocolo de actuación ante situaciones de pobreza energética", y dicho protocolo "debería venir acompañado de la elaboración de un convenio marco que podría ser suscrito por la Junta, los ayuntamientos y Endesa y en el que se delimitarían las responsabilidades que cada parte asumiría en relación con la aplicación del mismo".

Según el Defensor, este protocolo y este convenio marco "permitirían solucionar el grave problema de la pobreza energética en Andalucía, de una forma rápida y eficaz, mientras se produce la aprobación de la norma que debe venir a regular de una forma sistemática y con vocación de permanencia la garantía de la ciudadanía a acceder a unos suministros mínimos vitales", concluye.

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