El Colegio de Médicos de Cádiz reclama que se garantice de forma efectiva el derecho a la protección de la salud de los refugiados, recordando que la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo en España, reconoce en su artículo 18 el derecho a la atención sanitaria y que el Real Decreto 1192/2012 establece en sus disposiciones cuarta y quinta que se proporcionará atención sanitaria y médica a los solicitantes de protección internacional.

En un comunicado, el Colegio de Médicos expone que ante la "grave crisis de los refugiados" que llegan a España "huyendo del régimen de violencia implantado en sus países de origen", y una vez que los Estados miembros han acordado las cuotas de acogida, "es momento de reclamar un auténtico compromiso con el derecho a la salud que legal y humanitariamente les ampara".

Desde el Colegio de Médicos de Cádiz se insta a las autoridades a "garantizar efectivamente" el derecho a la protección de la salud, unido al derecho universal de protección de la vida y de la integridad física.

Para la consecución del derecho a la salud, ésta ha de prestarse "en condiciones plenas de igualdad respecto a los demás beneficiarios de los servicios sanitarios y con los suficientes recursos, entre los que debe contarse con una adecuada financiación", resalta.

En este sentido, argumenta que la garantía de una cobertura universal de la salud de los refugiados debe proporcionarles "un acceso completo a la asistencia sanitaria, que incluya pruebas diagnósticas, tratamiento y prevención de enfermedades".

Expone que el "reto" que para todos los ámbitos plantea la llegada de refugiados es también "un desafío para el de la Sanidad y, en este contexto, para los profesionales médicos". Por ello, entiende que debe avanzarse también "en su formación específica, dejando claro que, como indica la OMS, la transmisión de enfermedades no ha de asociarse con inmigración, sino con pobreza".

Finalmente, considera que también es el momento de hacer efectivo el principio solidaridad, por lo que el Colegio de Médicos se pone "a disposición de las autoridades municipales y provinciales, así como de la administración sanitaria para favorecer, impulsar y cooperar en iniciativas de voluntariado y promover la participación activa de los colegiados en dichas actividades".