El IAM lamenta la aprobación de la reforma y recuerda el deber institucional de proteger a las más vulnerables

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Cuello, ha lamentado la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva propuesta por el PP, que incorpora como novedad la prohibición de que las menores de edad puedan abortar sin el permiso de sus progenitores, y ha recordado el deber de las instituciones de proteger a las más vulnerables.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Cuello, ha lamentado la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva propuesta por el PP, que incorpora como novedad la prohibición de que las menores de edad puedan abortar sin el permiso de sus progenitores, y ha recordado el deber de las instituciones de proteger a las más vulnerables.

En una nota de prensa, Cuello ha recalcado que esta modificación, aprobada "de manera urgente, rápida y sin consenso al final de la legislatura", pondrá en peligro a las mujeres más vulnerables, las jóvenes que carecen de apoyo familiar para compartir su situación, "que son las que más necesitan el respaldo institucional y la protección social".

Así, la reforma deroga el artículo que establecía que las mujeres de 16 y 17 años tienen que informar al menos a uno de los progenitores si deciden interrumpir su embarazo, salvo en los casos en los que se den determinadas circunstancias, como violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o desamparo. La modificación elimina tal excepción, un cambio que, según la directora del IAM, "perjudica a las mujeres más desprotegidas, las que padecen violencia intrafamiliar, y que son una minoría".

En ese sentido, Cuello ha recordado que el 87 por ciento de las jóvenes que abortan informan a sus familias (92 por ciento en Andalucía), y que, por tanto, la ley hasta ahora vigente "protegía a la minoría restante".

Para la directora del IAM, la modificación responde a la necesidad de "contentar, al final de la legislatura, a un sector ultraconservador y minoritario", sin tener en cuenta "la obligación de la administración de proteger a las personas más vulnerables".

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