La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 presentados por el Gobierno central "vuelven a poner de manifiesto su total indiferencia por Andalucía", criticando además que a los 1.712 millones de los que "teóricamente dispone Andalucía de más para gastar en 2016", haya que aplicarle dos condiciones.

De un lado, según ha explicado Montero durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, la reducción del objetivo de déficit del 0,7% en 2015 al 0,3% en 2016, lo que supone un recorte de 507,7 millones, de modo que quedarían disponibles 1.141,7 millones. Y, de otro lado, hay que aplicar la regla de gasto "que impone" un tope de incremento del gasto público computable del 1,8% respecto al ejercicio anterior, con lo que de los 1.141,7 millones, Andalucía solo podrá disponer de un incremento de 509 millones, mientras que los 632 millones restantes deberían destinarse a la amortización de la deuda.

Montero ha recordado que, si bien las entregas a cuenta vinculadas al sistema de financiación autonómica suben un 11 por ciento para 2016, lo que supondrían 1.712 millones más, sin embargo 936 millones se corresponden a la liquidación del ejercicio 2014, "recursos que debía haber dispuesto la comunidad en ese ejercicio y que no dispuso por un error de cálculo y de previsión del Gobierno". Ello significa que las entregas a cuenta "únicamente se incrementan en un 3,1%, exactamente 488 millones".

La titular del ramo ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no aprovechan la recuperación económica para superar los "problemas estructurales de la economía española como son el desempleo, la precariedad y la desigualdad, y consolidan un modelo productivo de escaso valor añadido y alejado de la economía del conocimiento".

Ha puesto en duda que puedan calificarse de "presupuestos sociales" y ha alertado de un posible deterioro de los servicios públicos fundamentales al no crecer en la misma medida que la economía. También ha destacado que el gasto social pierde peso en los presupuestos respecto al pasado ejercicio y acumula una caída de 4,5 puntos desde el año 2011.

Asimismo, ha censurado que bajen las prestaciones por desempleo un 21,7%, y en cuanto a la subida de las pensiones, ha subrayado que por tercer año consecutivo se limita al mínimo legal del 0,25%, una revalorización que "para el millón y medio de pensionistas andaluces supondrá una mejora media de dos euros al mes".

A la luz de estos datos, la consejera ha señalado que "el objetivo del Gobierno con estos Presupuestos no es la recuperación económica ni el estímulo de la economía, sino seguir bajando el peso del gasto público en el PIB y adelgazar el Estado de bienestar y todo lo que significa igualdad de oportunidades".

Los mismos errores

"No trasladan más ingresos a las comunidades; solo nos dan ahora lo que nos hubiera correspondido hace dos años y encima no nos dejan gastarlo en más inversión y en combatir el desempleo, sino que nos obligan a pagar por adelantado a los bancos, cuando la deuda de Andalucía es perfectamente asumible en el tiempo y está muy por debajo de la media", ha enfatizado la consejera para insistir en que los PGE "vuelven a incidir en los mismos errores que hemos soportado durante los años de Gobierno de Rajoy", dando prioridad "absoluta" al control del déficit, "ausencia de criterio" en política económica y "nada de recuperación real para los ciudadanos".

En cuanto a las inversiones para la comunidad en 2016, la consejera ha subrayado que sufren un retroceso del 7,1%, con 139 millones de euros presupuestados menos que en 2015. Andalucía recibirá 1.820,64 millones de euros, lo que representa el 16,5% del total para el conjunto del Estado, una cifra "muy alejada del peso de su población".

Montero ha lamentado el "incumplimiento acumulado de la inversión" prevista en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía asciende a 2.358 millones entre los años 2008 y 2016 y que la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial disminuya respecto al pasado año en 1,07 millones para Andalucía que recibirá 159,4 millones.

PP-A:

Se pide un plan de empleo sin ejecutar las partidas

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Carmen Crespo ha respondido a Montero que "anomalía democrática" no son los PGE sino cómo dejó España el PSOE en el año 2011. Ha asegurado de que las cuentas del Gobierno benefician a las rentas medias y bajas y a los pensionistas, pese a que la Junta "no lo quiere reconocer".

Ha criticado que la Junta pida un plan especial de empleo al Gobierno cuando no se ejecutan las partidas destinadas a esta materia en los presupuestos andaluces y ha defendido que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no cumplía con el Estatuto de Autonomía de Andalucía porque no ejecutaba más allá de 15 por ciento, cuando el Gobierno de Rajoy ha llegado al 18 por ciento.

En su turno de intervención, María del Carmen Lizárraga, diputada de Podemos, ha afirmado que el Gobierno de Rajoy utiliza los PGE como un "arma electoral", a través de "previsiones infladas, promesas difíciles de cumplir y propagandismo barato". En su opinión, con estos PGE, el Parlamento que surja de las próximas elecciones generales estará "atado de pies y manos durante todo un año, lo que redundará en Andalucía muy negativamente".

Por su parte, el diputado de C's Carlos Hernández ha pedido "no hacer un enfrentamiento partidista" sobre el debate de los PGE y su incidencia en Andalucía y ha insistido en que las partidas estatales "deben centrar sus esfuerzos en que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, a los servicios básicos y a la inversión productiva". "Nuestra comunidad autónoma sufre la lacra endémica del paro y necesita una ayuda mayor del Estado de la que está recibiendo", ha apuntado el parlamentario.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha afirmado que estos PGE, como todos los elaborados tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, son "el reflejo y la lógica resultante" de la "mutación" que se ha establecido del marco jurídico y político para responder a los intereses de la oligarquía financiera. A su juicio, se trata por tanto de unas cuentas "contrarias" a los intereses de la mayoría social trabajadora.

En último lugar, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha criticado que solo el PP-A haya pedido esta comparecencia en el Pleno y no el resto de grupos de la oposición, "que solo están en quién puede presidir la comisión de investigación sobre formación". En su opinión, el Gobierno central pretende con estos PGE "condenar a España los próximos años a los desmanes de una mayoría absoluta de la vergüenza".

En su turno de réplica, la consejera de Hacienda ha defendido que los PGE son "electoralistas, falsos, débiles, de escaso nivel democrático y no respetan la voluntad que salga de las urnas". "La derecha insiste, erre que erre, en castigar esta tierra por una cuestión puramente partidista que le hace beneficiar a otros territorios", ha concluido.