La mayor parte de los grupos parlamentarios que ejercen la oposición en las Cortes de Castilla y León ha manifestado su apoyo a la petición por parte del Procurador del Común de reformar nuevamente la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de que sea compatible con "cualquier otra prestación" contributiva o no contributiva y para que se agilicen los procedimientos.

Así lo han recalcado especialmente la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Bárcones, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y el procurador de IU-Equo y del Grupo Mixto, José Sarrión, que han defendido tanto esta reclamación realizada por el Procurador durante el Pleno monográfico celebrado este miércoles, como muchas otras ante las cuales consideran que la Junta de Castilla y León no da una adecuada respuesta o no asume las reclamaciones planteadas por la Institución.

Bárcones ha reprochado la "falta de respuesta" de la Consejería de Familia a la petición de cambios en la renta garantizada de ciudadanía para flexibilizar algunos de los requisitos establecidos para acceder a ella, y se ha preguntado si no se trata de un intento para "poner trabas" a esta ayuda. En todo caso, se ha comprometido a defender una reforma que garantice las condiciones de todos los ciudadanos.

La procuradora del PSOE ha recordado en varias ocasiones los recortes llevados a cabo por los gobiernos del PP en el Estado y en Castilla y León que, en su opinión, han "debilitado" los servicios públicos cuando entiende que es "más necesario dar confianza y protección". Así, ha citado ejemplos como las "caras" tasas universitarias, o la "devaluación" de la Sanidad con listas de espera tanto en pruebas diagnósticas como para acceder a especialidades.

En definitiva, ha incidido en que el "gran objetivo" de la recuperación económica sólo se producirá si es justa, porque "si lo único que perciben los ciudadanos es desigualdad" no se podrá hablar de recuperación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, que ha advertido de la "evidente llamada de atención" a la Junta que ha supuesto a su juicio la intervención de Javier Amoedo este miércoles, ha anunciado también, ante el hecho de que "las administraciones no responden con rapidez a los requerimientos" del Procurador del Común, su partido promoverá mociones en los ayuntamientos con el fin de que se comprometan a colaborar.

Así, en los consistorios en los que tenga representación presentará una moción para instarlos a que se comprometan a mantener una actitud de colaboración con el Procurador del Común, tanto en el traslado de las informaciones como en el cumplimiento de las resoluciones que plantee. Con todo ello, ha asegurado, se podrá avanzar hacia una administración "abierta al control de la ciudadanía" y que permita la mejora de la "calidad democrática".

El representante de Podemos, Pablo Fernández, que también ha apoyado la proposición del Procurador del Común, ha insistido en que "de poco sirve" que se "meta" en el Estatuto de Autonomía la Renta Garantizada si no se agilizan los procedimientos. "No podemos tolerar que siga habiendo tantas personas en riesgo de exclusión y por debajo del umbral de la pobreza", ha enfatizado.

También ha advertido Fernández de que la Junta no sólo desoye los requerimientos del Procurador del Común, sino que ha recordado que durante el verano los grupos de la oposición solicitaron la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente para explicar la política de lucha contra incendios y ésta no se ha llegado a producir. Por ello, ha recordado al PP que "ya no tiene mayoría absoluta".

'FRACKING'

Fernández, al igual que Bárcones o Sarrión se ha referido insistentemente a la problemática de la prospección de terrenos y extracción de hidrocarburos por el método del 'fracking', que según la parlamentaria socialista ha llevado a un incremento "notable" de las reclamaciones en materia de Medio Ambiente.

El procurador de IU-Equo, que ha agradecido especialmente la intervención de Amoedo por considerar que es más cercana a la realidad que las "palabras edulcoradas" que consideran que han pronunciado los consejeros de la Junta en sus comparecencias de inicio de la legislatura, ha insistido por su parte en las "críticas" del Procurador a la dificultad para acceder a una vivienda así como a las ayudas en alquiler para personas con pocos ingresos, o a la no escuchada recomendación de eliminar las "cláusulas abusivas" en la adquisición de Vivienda Protegida.

Por otra parte, José Sarrión ha insistido en la creación de un cuerpo público de bomberos forestales.

Mientras tanto, el leonesista Luis Mariano Santos ha lamentado la "desobediencia" de las administraciones al Procurador y ha reclamado el traslado de estas situaciones a la Fiscalía cuando se trate de asuntos graves. Ante ello, el propio Amoedo ha precisado que estudia "toda la problemática", pero ha considerado que resulta "muy difícil" obtener sentencias condenatorias.

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado el descenso en el número de quejas hasta cifras que equiparado con las del año 2007, cuando "la mayoría de la población sitúa el inicio de la crisis económica" y ha destacado que la reforma de la Renta Garantizada llevada a cabo este mismo año para permitir su compatibilidad con prestaciones por desempleo se alcanzó por consenso de los Grupos.

El procurador 'popular' ha manifestado que el informe ayudará a los parlamentarios a trabajar mejor y ha recalcado que los ciudadanos quieren que se pongan de acuerdo, examinen las quejas y que éstas ayuden a mejorar la vida de la gente.