Los juzgados onubenses han dictado un total de 58 sentencias durante 2014 en materia de medio ambiente; 45 condenatorias y trece absolutorias. Desglosadas, sería dos en ruidos, diecinueve en fauna-caza-pesca, una en maltrato animal, 14 en incendios forestales, y 23 en ordenación del territorio, aunque ninguna persona ha ingresado en prisión por estas causas.

La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Huelva, integrada durante el año 2014 por el fiscal coordinador y delegado de jefatura, Alfredo Flores Prada, y por la fiscal Ana Isabel Laso Mota, destaca a su vez, en su memoria anual, a la que ha tenido acceso Europa Press, su preocupación por los casos de extracciones ilegales en la zona próxima a Doñana, "al ser habituales los pozos y balsas para el riego de las plantaciones agrícolas con afectación del acuífero".

En esta materia se han tramitado nueve causas penales ante los juzgados de Moguer, incoadas en 2013 y 2014 por denuncias de la Fiscalía por extracciones ilegales de agua y pendientes de informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para el cálculo del caudal extraído y el daño al DPH. Además se ha solicitado como medida cautelar el precinto de los pozos sin documentación, lo que ha sido acordado por los juzgados y confirmado en apelación por la Audiencia.

A finales de noviembre se remitieron a los juzgados de la Palma del Condado dos querellas elaboradas por la Fiscalía de sala en el marco de sus diligencias de investigación sobre la materia. Ambas fueron admitidas a trámite y se adoptaron las medidas cautelares —cierre y precinto de los sondeos— solicitadas.

Al respecto, consideran que esta cuestión es "compleja y problemática y se dan situaciones muy diversas que impiden un tratamiento global del tema", siendo cuando "menos paradójico" que, "mientras unos nos acusan de indolencia e inacción, otros nos reprochan la criminalización exagerada de la actividad agrícola de los frutos rojos, siguiendo los dictados de los ecologistas y la UE", asegura Alfredo Flores.

Por otro lado, en total, esta sección ha elaborado 35 escritos de acusación, aunque subrayan en la memoria que continúa vigente "la problemática de los medios informáticos y de personal auxiliar", una situación que tiene especial incidencia en la tramitación de las diligencias informativas y en los registros de las causas pendientes.

La prioridad es que esta sección cuente con un espacio físico propio, peritos en las materias de la especialidad y personal auxiliar adscrito, ya que sería "la única manera de cumplir de forma rápida y eficaz con las funciones encomendadas y cada vez más demandadas por los ciudadanos".

En su mayor parte, las denuncias interpuestas se referían a vertederos de residuos, vertidos de aguas sin depurar o con depuración deficiente, aguas-suelos contaminadas, pequeñas actuaciones urbanísticas de vecinos o en suelos no urbanizables sin especial protección, contaminación acústica, ocupación de caminos públicos y veredas, incumplimiento de compromisos de reforestación-destoconado de parajes, y malos tratos o, en general, situaciones de deficiente atención y cuidados a animales de todo tipo.

A su vez, destacan en la memoria que son numerosas las comunicaciones, escritos y consultas que por cualquier medio, llegan a la Fiscalía en relación con asuntos de la especialidad; procedentes de ayuntamientos, de grupos políticos, de asociaciones ecologistas, de las delegaciones de las consejerías de la Junta de Andalucía, del Seprona y de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la Junta, cuyas relaciones han sido un año más "fluidas, cordiales y fructíferas".