Los ayuntamientos gobernados por el BNG no suscribirán los convenios para la prestación de servicios como centros de día o escuelas infantiles con la nueva Axencia Galega de Servizos Sociais, que ha sustituido al Consorcio creado por el bipartito, y piden renegociar las condiciones "impuestas unilateralmente" por el Gobierno autonómico y que fueron plasmadas en una propuesta que ha sido remitida a cada Consistorio.

El pasado mes de febrero, el BNG ya había denunciado el "chantaje" que la Xunta ejercía sobre los municipios y había pedido que se "suspendiese" la nueva fórmula para financiar los servicios sociales. La situación, según en su día advirtieron y han repetido este miércoles los nacionalistas, significa que los ayuntamientos tendrán que abonar unos 3.690 euros por plaza de centro de día y 1.500 por escuela infantil —al año—, lo que puede significar "un 20 por ciento" más de lo que se aporta en la actualidad.

De nuevo, tras la llegada de las propuestas a los municipios para la adhesión a la Axencia Galega, el portavoz nacional del Bloque, Xavier Vence, la responsable del área en el Grupo Parlamentario, Carme Adán, y varios alcaldes de esta formación han salido públicamente para advertir de que no firmarán estos contratos y reclamar una negociación, en el seno de la Fegamp y con los ayuntamientos implicados para abordar esta cuestión.

Uno de los alcaldes que ha hablado ha sido el de San Sadurniño, Secundino García, quien ha reprobado que se "modifiquen unilateralmente" por parte de la Xunta y quien ha advertido de que es una situación "insostenible" para los estos municipios.

Leticia Santos, regidora de Moaña, se ha referido a las escuelas infantiles para avisar de que la Xunta quiere "cargar con los costes" de estos servicios a los ayuntamientos, "sin justificación ninguna".

Iniciativa en el parlamento

En este escenario, el BNG ha elevado una nueva iniciativa al Parlamento de Galicia, en la que, como ha explicado Carme Adán, se pide al Gobierno gallego que "suspenda definitivamente el proceso iniciado unilateralmente" por la Consellería de Traballo e Benestar para la formalización de nuevos convenios entre la Axencia Galega de Servizos Sociais y los municipios sobre gestión y financiación de equipamientos.

También reclama que se "abra una negociación", a través de la Fegamp —en el seno de la Comisión Galega de Cooperación Local— y con los propios ayuntamientos implicados, donde se "consensúen los criterios que regirán en la firma de nuevos convenios".

Además, los nacionalistas reclaman que se "asegure el mantenimiento de las condiciones pactadas entre los ayuntamientos y el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar hasta el final del periodo inicialmente pactado; así como que se "garantice la continuidad en la prestación de los servicios sociales" por parte de la Axencia Galega de Servizos Sociais.

Así las cosas, denuncian que el envío de las propuestas de convenio "no fue, ni siquiera, previamente consultada a las entidades representativas" de la Administración local; y observan que se retomó este tema después de las elecciones municipales de mayo, "sin abrir los canales de diálogo institucional" con las nuevas corporaciones.

"entren con el carné en la boca"

Por su parte, el portavoz nacional del Bloque ha censurado que la Xunta quiera que los alcaldes "entren con el carné en la boca" en la nueva agencia de servicios y ha incidido en que no puede haber "ni un paso más en el desmantelamiento" de los servicios sociales.

"El BNG no va a aceptar ninguna amenaza", ha abundado Vence, quien ha advertido de que es "responsabilidad" de la Xunta mantener la prestación de los servicios mientras no se lleguen a acuerdos con los ayuntamientos. Además, ha asegurado que el modelo que se propone está "fracasado" y que el "único escenario" posible es la "revisión" del modelo que se propone.