El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado en las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley para agilizar trámites administrativos a la hora de resolver los procedimientos de emergencia ciudadana, así como priorizar el gasto público para estos colectivos en riesgo de exclusión social.

Según ha explicado el portavoz del Grupo, Pablo Fernández, esta iniciativa no supondría un mayor coste para las arcas públicas, ya que no se trata de destinar más recursos sino de dar prioridad a las personas en situación de emergencia social a la hora de gastarlo y agilizar la tramitación de sus expedientes para poder acceder a estas ayudas y evitar así casos de demora que en algunos casos, tal como ha advertido, llega a los nueve meses.

"No es admisible que se ralenticen estos procedimientos o no se atiendan por un defecto de forma", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press, para después asegurar que con su iniciativa legal pretenden que las ayudas a estos colectivos "se tramiten con urgencia y se puedan acceder a ellas en el menor tiempo posible.

Pablo Fernández ha evitado concretar cómo podrían quedar los plazos de concesión en caso de aprobarse esta proposición, pero ha insistido en que con ella "se podrían acortar muchísimo los plazos".

El portavoz de Podemos, que ha confiado en obtener el apoyo del resto de formaciones en la Cámara autonómica a esta iniciativa, ha tildado de "claramente insuficientes" los esfuerzos realizados por la Junta de Castilla y León hasta la fecha, como la Red de Protección a las Familias, en un contexto de 18,5 por ciento de paro en la Comunidad y con el 26 por ciento de los castellanoleoneses "en riesgo de exclusión".

Paliar políticas de estabilidad

Tal como consta en el articulado de la propuesta, el objeto de la misma es "paliar los efectos de las políticas de estabilidad presupuestaria y contención del gasto" y dotar de recursos humanos "suficientes" para la gestión y tramitación de estos procedimientos.

Asimismo, se establece que durante el ejercicio presupuestario no pueda realizarse modificación alguna que suponga una reducción de los importes consignados en los créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta o de sus entes dependientes destinados a la financiación de los gastos vinculados a los procedimientos de emergencia ciudadana.

En cuanto a la tramitación de urgencia, se propone la reducción a la mitad de los plazos máximos establecidos, salvo para la presentación de solicitudes y recursos. En este sentido, se habría de garantizar la provisión de medios materiales y económicos "suficientes" para el cumplimiento de dichos plazos.

A la hora de administrar los recursos públicos, Pablo Fernández ha insistido en que a la hora de administrar los recursos públicos, "sólo el pago de las nóminas de los empleados públicos" podría estar por delante del abono de estas ayudas, que tendrían prioridad sobre el resto de obligaciones de la Administración.