El colectivo de monitores contratados a través de empresas privadas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos públicos en Andalucía —unas 800 personas en la comunidad— está llamado a secundar una concentración de protesta este miércoles, a partir de las 11,00 horas, en la sede de la Consejería de Educación, en el edificio Torretriana de la Isla de la Cartuja de Sevilla.

Fuentes del sector han explicado a Europa Press que estos trabajadores pretenden que se les reconozca su derecho a una mejora profesional y salarial, aduciendo, entre otros aspectos, que cobran menos a raíz de su contratación por medio de empresas concesionarias y que no tienen las mismas oportunidades del personal laboral.

El sindicato CCOO apoya dicha movilización, al mismo tiempo que denuncia, una vez más, la privatización de los servicios educativos que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, pues, según ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, "la subcontratación de los servicios educativos a través de empresas privadas está generando miles de empleos en precario".

Desde el sindicato se recuerda que el curso pasado este colectivo convocó huelgas y otras acciones reivindicando el cumplimiento de sus derechos laborales en cuanto a salarios o clasificación profesional, tal como están recogidos en el convenio colectivo de aplicación en el sector. Igualmente, estas movilizaciones denunciaban el impago de salarios sufrido por el personal de una empresa subcontratista en Málaga.

CCOO ha pedido a la Junta de Andalucía que "vigile" a las empresas adjudicatarias de los servicios y les exija el respeto a los derechos laborales. Para Blanco, "lo deseable en estos casos es que si el servicio cuando es prestado por personal propio de la administración supone una duración de contratos anual, a jornada completa y con determinado salario, cuando el servicio está privatizado el personal que lo realiza tenga unos contratos similares en cuanto a la duración anual, jornada y salario".

Asimismo, el colectivo teme por la conservación de sus puestos de trabajo porque, a pesar de poseer la inmensa mayoría titulaciones universitarias, la titulación exigida por Educación es distinta a la que poseen y no se han convocado procedimientos suficientes de reconocimiento de su cualificación profesional por parte de la propia Junta, que tiene atribuida tal competencia, "lo que les permitiría permanecer en sus puestos de trabajo".

Por ello, continúa Blanco, CCOO exige de la Consejería una moratoria en la exigencia de titulación específica que les permita su cualificación y la obtención del certificado de profesionalidad específico por el reconocimiento de su experiencia laboral.