El nuevo curso académico que empezará esta semana en la comunidad autónoma gallega vendrá cargado de "conflictividad" por la permanencia de los recortes, la falta de medidas de atención a la diversidad o la sobrecarga de trabajo a centros y profesorado. Así lo han considerado los sindicatos gallegos, que reprochan a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria la falta de medidas de mejora de las condiciones de los docentes.

Anxo Louzao, de la CIG-Ensino, ha alertado esta semana del "desequilibrio" que existe entre centros educativos por culpa de una política "de supresión" en aquellos que cuentan con escasos alumnos y la deriva de estudiantes del rural a los núcleos urbanos por la falta de servicios. Esto provoca una situación por la que se suprimen unidades en el rural mientras se "masifican" las aulas en ciudades y núcleos más poblados, al tiempo que no se realizan los desdobles necesarios.

Desde FETE-UGT, Raúl Gómez ha apuntado además que algunas familias "ni siquiera mandarán a sus hijos en el primer día de clase en señal de protesta", y que el curso se iniciará con "muchas incidencias" de escolarización y obras sin acabar, o muchos estudiantes que no han podido entrar en el ciclo de FP de su elección por falta de plazas.

Además, Louzao ha arremetido con la diferencia entre el sector público, con 13 escuelas y 48 unidades menos en infantil y primaria, y el privado-concertado, en el que se incrementan cinco unidades en primaria y 21 en formación profesional.

Carga burocrática

Por otro lado, José Fuentes, de CC.OO Ensino, ha considerado en declaraciones a Europa Press que los servicios complementarios están "mal situados", porque los recortes "siguen estando vigentes", y todos los comedores deberían ser "públicos y no cesiones a empresas privadas", dado que "no es lo mismo la calidad de una comida hecha en el centro inmediatamente que la de una transportada".

"Al final la privatización es más cara", ha insistido, añadiendo además que las dietas de aquellos comedores de gestión pública son "más equilibradas" que las que propone un catering.

La carga "burocrática" del nuevo sistema de banco de libros de la Xunta es otro de los temas "polémicos" para los sindicatos y, según Fuentes, un ejemplo de "descoordinación" y carga de trabajo "brutal" a las directivas de los centros. "Muchos centros se encontraron con que no había libros suficientes", ha lamentado Fuentes, acusando a Educación de "desentenderse por completo".

LOMCE

Otro de los puntos en los que coinciden los sindicatos educativos es en esperar que 2015 sea el último año de vigencia de la 'Ley Wert', la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa, y que un posible cambio de Gobierno a partir de diciembre tumbe la citada norma. Raúl Gómez, de FETE-UGT, ha criticado que la implantación de la segunda fase de esta norma "complica mucho más" el inicio del curso, dado que "no se tomaron las medidas" para efectivizarla "de una manera normalizada".

"Todas las instrucciones de funcionamiento salieron en el verano, sin que el profesorado participe de ellas, o los sindicatos. Pensamos que será muy complicado", ha criticado.

Louzao también ha confiado en que sea "el último año" de vida de la Lomce, lamentando que el Gobierno siga adelante con su implantación en 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato a pesar de que los nuevos currículos no se publicaron hasta el verano.

Fuentes, por su parte, ha lamentado que a pesar del cambio de color de varias comunidades autónomas, sus responsables solo consiguieron un aplazamiento "ficticio" de las reválidas en la conferencia sectorial de Educación, dado que no se rompe el calendario de implantación. "No hay mejora sustancial sobre lo establecido con Wert".

Por otro lado, tanto Louzao como Gómez han criticado la implantación del modelo de FP Básica por la "escasez de medios y recursos" para asegurar su funcionamiento, mientras que el secretario nacional de la CIG ha acusado al Gobierno de intentar reducir las estadísticas de fracaso escolar canalizando al alumnado a esta modalidad.

Falta de profesorado

En materia de profesorado, Louzao ha recriminado a la Xunta los "permanentes recortes" que afectan a la "calidad" de la enseñanza, y advirtió de que "numerosos centros" no tienen atendidas su demandas de profesorado o de especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

En este sentido, ha advertido de que la "destrucción de empleo" en los centros se constata en la adjudicación definitiva de destinos de maestros en la que, de 2.797, el 15 por ciento son itinerantes (un 22% más que el año pasado), el 8 por ciento suprimidos o desplazados (un 39% más), el 12 por ciento imparte afines (un 62% más) y el 42 por ciento es personal interino.

En el caso de la adjudicación provisional de secundaria, de las 2.894 plazas, un 35 por ciento del profesorado impartirá materias de las que no es especialista, en algún caso hasta cinco diferentes.

Fuentes, por su parte, ha señalado que el incremento de la tasa de reposición de efectivos al 100% "no es suficiente" y que será necesario un plan para "recuperar aquellos puestos que se perdieron" para así mejorar la atención a la diversidad.

Raúl Gómez, por su parte, ha insistido en que "no hay medidas de mejora" ni de "recuperar el antiguo horario lectivo", y que los centros funcionan "porque el sistema funciona y porque el profesorado está a disposición" de los ciudadanos". "Desde el punto de vista de la Administración, deja bastante que desear. Son manifiestamente mejorables las medidas que toman".