Las organizaciones CC.OO, CGT, CSIF, FETE-UGT, STEA y FAPAR, como organizaciones miembros de la Comisión de Garantías de Admisión de alumnado de la localidad de Cuarte de Huerva, han expresado su "sorpresa" por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha adoptado como medida cautelar la apertura del colegio Ánfora de Cuarte.

En una nota de prensa, han subrayado que el procedimiento de autorización de apertura y concierto que hizo el Departamento de Educación con el anterior Gobierno "estaba condicionado al cumplimiento de distintas medidas que no se han cumplido y cuyo desarrollo poco transparente había motivado que recientemente la Fiscalía solicitara a la Administración educativa el expediente de todo el proceso".

Por otro lado, el Departamento de Educación "aseguró en la última reunión de la Comisión de Garantías que, tras la negativa a la apertura del colegio Ánfora, todas las familias tendrían garantizada una plaza escolar en centros públicos y privados concertados, siempre de acuerdo con las propias familias, como así se ha hecho estos días".

Para estas organizaciones, "entendemos que si por razones de seguridad el Departamento había denegado la posibilidad de apertura" del centro este curso 2015-2016, el TSJA con este auto "garantizará la seguridad de la comunidad educativa del centro Ánfora".

Además, han comentado que en todas las reuniones de la Comisión de Garantías de Cuarte "hemos manifestado desde el principio nuestras dudas sobre la legalidad de este procedimiento" y "nuestra oposición a que fuera facilitada de esta insólita manera la construcción de un centro privado en la localidad".

A su entender, el alumnado "podía haber sido asumido por los centros públicos existentes y el centro público Cuarte III, que debería haber estado en funcionamiento el actual curso 2015-2016, según la planificación educativa del Departamento".

PREOCUPACIÓN

CC.OO, CGT, CSIF, FETE-UGT, STEA y FAPAR han manifestado su "preocupación" por "el incumplimiento en los plazos de finalización de las obras y el prejuicio que esto supondría para las familias y los trabajadores de dicho centro".

Finalmente, han mostrado su "apoyo" a las actuaciones que hasta ahora han realizado los nuevos gestores del Departamento de Educación "en un asunto heredado del Gobierno anterior que, olvidándose de defender los intereses generales de la ciudadanía, decidió apostar por compromisos privados de dudosa transparencia y legalidad".