La Diputación de Álava ha aprobado un 'Código de Ética y Buen Gobierno' de los cargos y representantes del sector público del territorio, con el que se pretende garantizar "la transparencia, austeridad y eficacia" en la gestión foral.

El documento contempla la creación de una Comisión de Ética Pública, que velará por el cumplimiento de este código, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El objetivo de este documento es determinar los principios y reglas básicas de conducta que han de regir las actuaciones de los miembros del Gobierno foral, altos cargos y demás directivos al servicio de la Diputación de Álava y sus sociedades públicas.

Marco "adicional"

A través de este código, se pretende reforzar las previsiones legales y normativas a la hora de cumplir de manera adecuada con los objetivos del sector público foral, así como "satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía alavesa en un marco de transparencia y eficacia adicional a lo legalmente establecido".

El documento especifica el rechazo a cualquier regalo, favor o servicio "en condiciones ventajosas más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía". En esta línea, incluye el uso adecuado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias que se tengan asignados por razón del cargo.

En dicho punto, se hace expresa mención a que los miembros del gobierno y altos cargos del sector público foral tendrán que justificar los gastos realizados en razón del servicio y que, en todo caso, no dispondrán de tarjetas de crédito para dichos gastos, que estarán limitados por Norma Foral.

Compromiso público

El diputado general, Ramiro González, ha explicado que a través de este código, los dirigentes forales asumen "el compromiso de guiarnos por los principios de transparencia, austeridad y eficacia". "Ya lo venimos haciendo, pero queremos que este compromiso sea público", ha indicado.

González ha destacado que el control del cumplimiento de estos compromisos "se confía a una comisión en la que algunos de sus miembros no pertenecen al gobierno ni a los partidos que lo sustentan".

Esta comisión será el órgano competente impulsar la puesta en marcha efectiva del Código de Ética, resolver las consultas formuladas por las personas sujetas al mismo y recibir las quejas o denuncias, en su caso, sobre posibles incumplimientos de los valores, principios o conductas recogidos en el documento. Entre sus labores también se encuentra plantear recomendaciones y realizar un informe anual de supervisión.