El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá este jueves en la Comisión de Presidencia y Administración Local la Proposición no de Ley (PNL) que registró en el mes de junio relativa al rechazo a la autorización de estancia permanente de Estados Unidos en la base militar de Morón de la Frontera (Sevilla).

Así lo recoge el orden del día previsto para la Comisión de este jueves, sobre una PNL que pretende que el Parlamento de Andalucía muestre su rechazo a la firma de la enmienda del Convenio de Cooperación de Defensa entre España y Estados Unidos, acontecida el pasado 17 de junio.

Como explicó el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, cuando presentó la referida PNL, para IU, el Convenio de Cooperación de Defensa entre España y Estados Unidos "supone la pérdida de la soberanía nacional y de los cumplimientos adquiridos en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN".

"Aquí hay mucho patriota de pacotilla que se vende al mejor postor o impostor del Gobierno de EEUU, y cede soberanía, uso y desmantelamiento de los pocos recursos de trabajadores andaluces que hay en la base", criticó, a la par que consideró que esta modificación del convenio supondrá "el rearme en una base que va a ser el centro de los ataques de EEUU en África, solo va a generar tragedia y dolor" y de esto "ni el Gobierno de España ni el de Andalucía pueden ser cómplices".

Así las cosas, a tenor de estos argumentos registró IULV-CA esta PNL, porque es "fundamental" que el Consejo de Ministros "pida opinión y derecho de audiencia al Gobierno de Andalucía". Y es que, para IULV-CA, la modificación del convenio de la base de Morón la convierte en una base "para la guerra y la expansión, que no son los intereses ni de Andalucía ni de España".

Exposición de motivos

En la exposición de motivos de la PNL, IULV-CA recuerda que el entonces secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, remitió a principios de diciembre de 2014 una carta a las autoridades españolas en la que pedía que el permiso temporal para el estacionamiento en la base militar de Morón de una fuerza de élite del Cuerpo de Marines se convirtiera en definitivo y, además, ampliándose sustancialmente el máximo actual, fijado en 850 militares (1.110 durante los relevos), lo que convertiría a Morón en base permanente de la fuerza de respuesta estadounidense ante la crisis en África.

La citada autorización inicial de uso temporal del Cuerpo de Marines se concedió en abril de 2013 tras el ataque al consulado de Libia.

Para IU, la autorización extraordinaria del rearme militar norteamericano en la base aérea de Morón y la conversión de la autorización de temporal a permanente supone "una nueva renuncia de soberanía nacional y una nueva vulneración de los compromisos adquiridos tras el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN", al permitir la ocupación del territorio español por parte de una fuerza militar extranjera "sin control real de las misiones que hacen los marines desde Morón".

Además, entiende que supone convertir a España "en cómplice de la estrategia militar imperialista de los EEUU y de las miles de muertes que una posible intervención militar norteamericana produzca en los países de África y de cualquier otra parte del mundo".

Por otra parte, la formación de izquierdas sostiene que la autorización vigente se dio al amparo del artículo 22 del Convenio Bilateral de Cooperación para la Defensa de 1988, que permite a EEUU destacar temporalmente en España hasta un máximo de 900 marines. Este artículo está previsto para situaciones puntuales que se prolongasen unos meses (como fue el conflicto de Libia en 2011), "no para alargar su aplicación durante años", advierte el partido, para advertir que una presencia militar, que se establecerá de forma permanente, no tiene ese carácter temporal que el convenio exige.

Y es que, según señala IU, es precisamente este carácter temporal el que permite al Gobierno aprobarla sin modificar el Convenio Bilateral de Cooperación para la Defensa de 1988 y, por tanto, sin pedir la aprobación del Parlamento.

El pasado 17 de junio, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Ignacio Ybáñez, y el subsecretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, firmaron en Washington el citado Convenio de Cooperación de Defensa entre España y Estados Unidos, enmendado para permitir a los estadounidenses el uso permanente de la base aérea de Morón en Sevilla.

A juicio de la formación, esta firma, que permitirá el uso permanente de la base aérea de Morón por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y que destaquen hasta 2.200 militares y 500 civiles, junto con 26 aeronaves, "podría incidir negativamente en el empleo de los trabajadores civiles españoles de la base".

Tras recordar los expedientes de despido colectivo que han afectado a los trabajadores españoles de la base, IULV-CA defiende que esto, junto al significativo incremento de efectivos militares, con topes de 3.500 marines y 40 aeronaves, "responde al deseo de Estados Unidos de contar con instalaciones militares para llevar a cabo la política exterior expansionista en África y Oriente Medio".

En este caso, dichas instalaciones se encuentran en Andalucía, lo que para IU, "sin duda, supone aumentar la exposición de los ciudadanos españoles, y más concretamente de la zona aledaña a la base aérea de Morón, a los múltiples riesgos y peligros colaterales de cualquier intervención bélica, así como de las actividades de preparación y consecuencias posteriores de la misma".

"El Gobierno de España, junto a la Embajada de EEUU, sabedores del rechazo que dicha militarización va a suponer en Andalucía, está realizando una campaña de propaganda política, vendiendo las inversiones", expone IU para criticar que dichas inversiones "son para adecuar la base de Morón a las necesidades de los marines".

Además, añade que tres de los cuatro proyectos han sido licitados a empresas estadounidenses, subcontratados a empresas españolas, y su duración oscila entre los cuatro y cinco meses. El número de trabajadores es de 40-45, pero, si se calculase dicho empleo a jornada completa, no superaría en ningún caso los 25 trabajadores, según indica IU.

Por todo, la formación que lidera en Andalucía Antonio Maíllo somete a la aprobación de la Comisión de Presidencia y Administración Local este jueves esta PNL para que el Parlamento rechace la referida ampliación del convenio.