La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha incorporado un 35,7 por ciento de las cerca de 3.500 alegaciones elevadas por administraciones y colectivos al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía durante el proceso de participación pública establecido.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del ramo, José Fiscal, en el transcurso de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, respecto a un plan que posibilita un desarrollo territorial y un urbanismo "equilibrados" como "eje vertebrador del camino hacia un nuevo modelo económico, objetivo prioritario de esta opción de gobierno".

Aludiendo a la necesidad de preservar sus "inestimables" recursos naturales y de ponerlos en valor, protegiendo la costa de un modelo de urbanización "salvaje" que fue "germen de la burbuja inmobiliaria", Fiscal ha recordado que el planeamiento protegerá una franja de 50.000 hectáreas y 859 kilómetros de longitud de costa.

Con un 55 por ciento de este ámbito protegido —un 86 por ciento si se excluyen los urbanos—, el objetivo principal del plan, "absolutamente suficiente", que incrementa un 42 por ciento la superficie protegida —de 19.000 a 27.000 hectáreas— "no es limitar el crecimiento", pues incluso aplicando el mismo "a rajatabla" se podrían construir 600.000 nuevas viviendas, 143.000 de ellas en la franja costera, lo que de todas formas no supondrá ningún tipo de "llamada a especuladores" al no haber mercado para construirlas y no ser ésta la filosofía de muchos de los ayuntamientos implicados.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha aclarado que este documento establece tres categorías de conservación. Por un lado, las áreas que ya disponen de protección, cuyo régimen de usos será el establecido por su legislación específica; por otro, los suelos que presentan valores naturales o paisajísticos relevantes, en los que se prohíbe la alteración de sus características y se permite la construcción de edificaciones destinadas a la conservación o a actividades recreativas o educativas; y por último, los terrenos que cuentan con valores naturales, paisajísticos o agrarios, los que permiten la conectividad de la costa con el interior y la formación de barreras urbanas o los que contribuyen a la mejora de la calidad ambiental de zonas muy urbanizadas.

Este instrumento de planificación prevé la redacción de un plan especial, que se realizará entre los años 2016 y 2019, para la implantación de las actuaciones de interés público y en el que se recogerán medidas de regeneración ambiental y paisajística en los terrenos protegidos en la segunda y tercera categoría de protección.

El pp critica la "permisividad" de la junta

En la réplica de los grupos, la parlamentaria del PP Ana Vanessa García Jiménez ha criticado el retraso de la aprobación del plan, en la que la Cámara autonómica "no ha participado" —"lo ha hecho quien ha querido", ha respondido Fiscal—, y ha recordado que la "salvaje" urbanización criticada por la Consejería se ha venido haciendo en los últimos años con la "permisividad" de la misma.

"Se tienen que tener las ideas claras, plasmarlo en un único documento y cumplirlo, pero no estar treinta años mirando a otro lado y cada tres años sacar un plan con normativas que tienen a todos locos", ha manifestado García Jiménez.

La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha tildado la iniciativa de "poco valiente", preguntándose qué normativa protege al 45 por ciento no regulado por este planeamiento y criticando que aunque el actual modelo haya "colapsado" hay administraciones que "aún no quieren entender que en Andalucía no habrá empleo ni riqueza volviendo al modelo que nos ha traído donde estamos".

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes ha aplaudido el Plan del Corredor Litoral, exponiendo su deseo de que el mismo suponga un "freno efectivo y definitivo" a la situación de los últimos años. También ha dicho que hay que actuar "a tiempo" y desde el control, y no con medidas extraordinarias 'a posteriori'.

El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha destacado el proceso participativo abierto y ha recordado que la crisis ha constatado lo "insostenible" y "obsoleto" del modelo de desarrollo económico vigente hasta hace poco. Ha hecho hincapié en que el plan no pone en peligro inversiones ni puestos de trabajo y que éste "solo afecta a especuladores".

Asimismo, el diputado del PSOE Julio Millán ha calificado de "fundamental" la actuación para favorecer la biodiversidad y para salvaguardar el litoral, desde un análisis "riguroso" de la casuística existente.

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