El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha puesto fin a la instrucción de la pieza número 10 de la causa, centrada en la adjudicación presuntamente irregular de las obras que constituyeron los cimientos para la posterior construcción del velódromo palmesano, auspiciada por el expresidente del Govern Jaume Matas, y que supusieron un supuesto desvío de cerca de 90.000 euros públicos.

El magistrado ha dictado este martes el conocido como auto de pase a procedimiento abreviado, con el que ha decretado que continúe el proceso penal contra el director general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester, y los constructores Jaime Navarro, Antonio Matas, Juan Marqués y Juan Bibiloni, por un delito continuado de fraude a la administración.

Castro emplaza asimismo a la Fiscalía Anticorrupción, a la Abogacía de la Comunidad Autónoma y al PP balear a que presenten sus escritos de calificación, en los que determinen a quiénes acusan y qué penas solicitan para cada uno de ellos, o reclamen por el contrario el archivo de las pesquisas.

En su resolución, contra la que cabe recurso, el juez se remonta así a la génesis de la ejecución del Palma Arena, considerada como la infraestructura estrella del último mandato de Matas e investigada desde hace más de seis años por un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros.

De este modo, subraya cómo en 2004 Matas encargó a Ballester "la misión" de tratar de obtener de la Unión Ciclista Internacional la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, prevista en marzo de 2007, con el objetivo de que esta licitación sirviera de base para la construcción, sin estudios ni informes, de un velódromo cubierto que acogiera el evento.

Tras proponer al Consell de Govern la construcción de la instalación deportiva y ser ésta aprobada finalmente, el entonces líder autonómico, según recalca el instructor en su auto, diseñó junto a Ballester "una estrategia que estriba en situarse al margen de cualquier mecanismo de control". Y para ello, "nada mejor" que encargar su construcción a un organismo gestor, carente de control administrativo previo, como "mera apariencia para disfrazar sus decisiones unipersonales bajo una fórmula colegiada que le eximiera de toda responsabilidad".

Tal organismo acabó denominándose Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena -participado por Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento-, si bien hasta que éste se constituyese sería la Fundació Illesport, liderada por Ballester, la encargada de dar cobertura jurídica a las decisiones adoptadas por el presidente del Govern, "sabedores uno y otro de que sus decisiones ni tan siquiera de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos".

Fue en este contexto en el que Matas depositó en el exregatista todos los poderes relacionados con la construcción de velódromo, de forma que los responsables de ésta -entre quienes se encontraban otros exaltos cargos del PP- "ni tan siquiera llegaban a reunirse para tomar absolutamente ninguna decisión, que en exclusividad eran adoptadas" por Matas y Ballester.

Tal y como abunda Castro, entre las medidas a adoptar y que centran esta pieza separada se encontraba el derribo de unas naves que permitiera dar inicio a las obras, el cerramiento del pabellón deportivo de Sant Ferran, la demolición de unas farolas y la creación de accesos viales.

Antes de ello, según apostilla el juez, Ballester comentó con el arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, el precio aproximado de la obra, y "como su interlocutor se escandalizara porque entendiera que se había duplicado", mantuvieron una reunión en el hotel Palas Atenea en el que se trató esta cuestión y acabó "con la claudicación de Schürmann al hacer patente el señor Ballester que la decisión venía de arriba".

Obras adjudicadas por unos 90.000 EUROS

El magistrado señala en su resolución que la contratación fue así finalmente articulada en favor de empresarios que se encontraban entonces presupuestando la construcción de una vivienda unifamiliar para el medallista olímpico y que ya habían sido beneficiados con adjudicaciones directas relacionadas con el polideportivo Príncipes de España.

Según los hechos narrados por Castro, Ballester contactó con un amigo suyo, Jaime Navarro -previsible constructor de su chalet- para ofrecerle la adjudicación de las obras, no sin antes indicarle que buscara otras dos empresas para que presentasen presupuesto y dar apariencia de legalidad al proceso -en el procedimiento negociado deben ser invitadas al menos tres mercantiles para que den a conocer su oferta-.

Algo que, asevera el juez, "ingenuamente" hizo con otras dos empresas de su misma localidad, Alaró, presentándose así al proceso únicamente las mercantiles "reclutadas" por Navarro: Construcciones S'Orengar -administrada por Juan Bibiloni-, Construcciones Juan Marqués Ferrer -cuyo administrador era Juan Marqués- y Jaime Navarro S.L.

Puesto en marcha el proceso y previamente pactado, Construcciones S'Orengar resultó adjudicataria de las obras de derribo, por lo que cobró una transferencia de 29.736 euros; Construcciones Juan Marqués Ferrer se hizo con el contrato para los viales de acceso por la misma cantidad, y Jaime Navarro S.L. percibió tres facturas por un total de 30.000 euros por el cerramiento y el desmontaje de unas farolas. Esta última empresa estaba llevando a cabo a su vez obras por 31.649 en el Príncipes de España.