El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que el Gobierno de España "no obliga a la Junta de Andalucía a preamortizar su deuda, ni le dice en qué debe emplear sus recursos", por lo que es "totalmente falso" que la financiación extra que va a recibir en 2016 la comunidad tenga que destinarse necesariamente a amortizar deuda.

En un comunicado, Sanz se ha pronunciado así después de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, haya manifestado este lunes que el Gobierno andaluz defenderá con "uñas y dientes" que los 1.700 millones más que llegarán a la comunidad en 2016 en concepto de entregas a cuenta a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se puedan destinar en su totalidad a inversiones, creación de empleo y sostenimiento del estado del bienestar.

Jiménez Barrios ha criticado que el Gobierno central exija que la mayor parte de esos 1.700 millones se destine a amortizar deuda, con lo que se pone de manifiesto que el anuncio que el presidente español, Mariano Rajoy, hizo en Sevilla sobre el aumento de las entregas a cuenta a esta comunidad tenía "truco" y "letra pequeña".

Sanz ha recordado que Andalucía verá incrementada su financiación en 2016 en 1.712 millones de euros, lo que supondrá un aumento del 12,1 por ciento respecto a 2015 y equivale al 1,2 por ciento del PIB regional. Partiendo de esta cantidad, "la Junta puede aumentar el gasto en un 1,8 por ciento, lo que "da margen" a la comunidad autónoma para "priorizar sus políticas de gasto hacia los servicios públicos fundamentales de educación, sanidad y servicios sociales", ha explicado el delegado.

"Otra cosa es que al Gobierno andaluz no le cuadren las cuentas e intente, una vez más, culpar al Gobierno de España de sus problemas de gestión", ha añadido Sanz, quien ha recordado que la Junta ha tenido que devolver en esta legislatura 243,5 millones de euros destinados a políticas activas de empleo "por su incapacidad para ejecutar los programas de formación".

El delegado del Gobierno ha recordado que Andalucía, al igual que todas las comunidades autónomas, "tiene que cumplir con la regla de gasto del 1,8 por ciento y con el objetivo de reducción del déficit, que el año que viene será del 0,3, contribuyendo entre todos a "consolidar la financiación de los servicios públicos fundamentales, sin que incrementos descontrolados del gasto, pueda poner en peligro su sostenibilidad a medio y largo plazo".

Mano tendida del gobierno central

"En este objetivo compartido", ha añadido Sanz, "la Junta siempre ha contado con la mano tendida y el apoyo del Gobierno de España, "que ha facilitado liquidez a Andalucía por importe de 28.000 millones de euros" a través del FLA y de los sucesivos planes de pago a proveedores, lo que ha permitido "saldar deudas y hacer frente a los problemas de financiación".

Por todo ello, Sanz ha pedido a la Junta un "esfuerzo" de lealtad institucional. "Ahora que la política económica del Gobierno empieza a dar sus frutos, hay que seguir avanzando conjuntamente en la senda de eficacia en la gestión de los recursos públicos para seguir creciendo y creando empleo", ha manifestado.

"En lugar de buscar excusas y utilizar la confrontación, la Junta debería aportar por la inversión productiva aprovechando la mejora de la economía y la financiación extra que va a recibir gracias al compromiso del Gobierno de España", ha concluido el delegado.

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