El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha mostrado este martes la solidaridad de su formación con los miembros del colectivo de la Corrala Utopía, desalojado en 2014 de unas viviendas propiedad de Ibercaja y ubicadas en la avenida de las Juventudes Musicales, en Sevilla capital, que este viernes son encausados por esa ocupación en el Juzgado de lo Penal número siete, para Maíllo, en un juicio que es "injusto".

En rueda de prensa en Sevilla, Maíllo ha defendido que estas personas deberían ser absueltas porque este juicio, ha criticado, "supone la criminalización de una actitud por la reivindicación de un derecho humano como es el derecho a la vivienda".

Por ello, desde la formación de izquierdas, ha trasladado su "solidaridad, apoyo y aliento" a las personas encausadas, así como ha avanzado que este viernes, cuando se celebra la vista oral, miembros de IULV-CA acudirán al juzgado para respaldarlos.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha fijado para el 4 de septiembre dos juicios, al objeto de resolver las causas incoadas contra dos de las personas que habitaron sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja. Se trata de dos varones miembros del colectivo bautizado como Corrala Utopía, imputados y después procesados por un presunto delito de usurpación.

Ana Isabel Segado, la abogada que asiste a ambos, informó a Europa Press de que se trata de dos juicios señalados en ambos casos el 4 de septiembre, uno "a continuación" del otro. Maximiliano y Jesús, según detalla, se enfrentan a una petición de 720 euros de multa por un presunto delito de usurpación por parte de la Fiscalía, mientras Ibercaja se habría retirado del procedimiento, según la abogada.

La corrala

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones. Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad 'Residencial Murillo'.

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Evaluaciones sociales

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".

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