El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007, que entre sus novedades prevé la elaboración de un plan para la eliminación de la brecha salarial e incluye un régimen de infracciones y sanciones, con multas que oscilan entre los 6.000 y 120.000 euros, que en la actual norma no existe.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que el nuevo texto ha sido fruto de un amplio consenso, contando con las aportaciones de las principales asociaciones de mujeres y agentes socioeconómicos y teniendo en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento sobre igualdad y lucha contra la violencia de género.

Se trata, según ha recalcado, de una ley "avanzada, necesaria, útil y actual" y ha incidido en que la igualdad entre hombres y mujeres es un elemento imprescindible para la lucha contra la violencia de género.

Otra novedad de la norma, que consta de cinco títulos y de 86 artículos, es que existan centros de educación infantil en las empresas públicas que cuenten con más de 500 trabajadores, con el fin de facilitar la conciliación familiar y laboral, y se invitará a que las empresas privadas a que también lo hagan.

En materia de empleo, junto con las disposiciones dirigidas a luchar contra la desigualdad salarial, el anteproyecto establece también la creación del Registro Andaluz de Planes de Igualdad de las Empresas.

En el sector público, las principales reformas se dirigen a reforzar la presencia de la mujer en aquellos cuerpos, niveles y categorías de puestos con menor representación. Asimismo, se implantará la garantía de proporcionalidad equilibrada entre hombres y mujeres en los tribunales de oposición y en las comisiones de selección.

La consejera ha manifestado que la Ley hace especial hincapié en la lucha contra la brecha salarial entre mujeres y hombres, para lo que se prevé la elaboración de un plan autonómico específico que actúe en la reducción y eliminación de la desigualdad salarial. Ha agregado que ello exige de un compromiso de vigilancia y de seguimiento importante por parte de todas las administraciones y ha señalado que la Consejería de Empleo realizará "auditorías periódicas a las empresas para analizar esas diferencias retributivas".

Se habilitará también a la autoridad laboral de la Junta, según ha explicado la consejera, a impugnar los convenios colectivos que contengan cláusulas discriminatorias y a imponer las sanciones contempladas en el texto.

Las medidas de carácter socioeconómico se completan con las dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral. En este ámbito, destaca la reserva de al menos un 40 por ciento de las plazas de cursos de formación en el sector del empleo público de la Junta a mujeres incorporadas del permiso de maternidad o excedencia por cuidado de menores o personas dependientes.

En el Título IV, dedicado a las garantías para la igualdad de género, la reforma legal amplía a las entidades y organizaciones del sector privado los mecanismos de defensa de la ciudadanía ante situaciones de discriminación por sexo. Este aspecto, que actualmente sólo está regulado para el sector público a través de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, supondrá la apertura de nuevos cauces de reclamación por vulneraciones de derechos. La norma atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer las nuevas funciones de investigar e informar sobre este tipo de casos en el sector privado, complementando así la acción inspectora.

Régimen sancionador

En cuanto al régimen sancionador específico para garantizar la igualdad de género que contemplará la ley, Sánchez Rubio ha señalado que esta medida ha sido muy demandada por los colectivos y entidades relacionadas con la materia y, en este sentido, se incluyen multas de entre 6.000 y 120.000 euros (sanciones leves, graves y muy graves), además de penas accesorias para empresas del sector privado como la prohibición de acceder a ayudas públicas.

El nuevo sistema disciplinario se vinculará a las conductas infractoras que no recogen los regímenes que actualmente se aplican en materias laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de Andalucía).

La consejera ha querido dejar claro que este régimen sancionador está sujeto al ámbito competencial de la Junta, de manera que ante casos que excedan del mismo, la administración autonómica será un instrumento para transmitir la situación en cuestión a quien corresponda en un momento determinado, puesto que habrá sanciones que tendrán que ver con la Inspección de Trabajo del Gobierno central.

Ha indicado que, en lo que respecta al ámbito competencial de la Junta, habrá sanciones que corresponderá a la Dirección General del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y otras a la Viceconsejería o Consejería de Igualdad.

Entre las sanciones leves, ha destacado que no se facilite la labor o haya negativa a participar con las acciones investigadoras o inspectoras del IAM o no realizar los planes de igualdad entre mujeres y hombres en empresas obligadas por la Ley de Igualdad del Estado o por la andaluza. En cuanto a las graves, se encuentran la obstrucción o negativa a la actuación inspectora de la administración autonómica o la implantación o tolerancia de prácticas laborales discriminatorias. Respecto a las muy graves, la consejera se ha referido a comportamientos "de naturaleza sexual" que supongan atentar contra la dignidad o el trato discriminatorio o "represalia laboral" a la mujer relacionado con su embarazo o permiso de maternidad.

En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad, y profundiza en el desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres, definiendo para ello programas de actuación en cada una de las consejerías de la Junta.

En materia educativa, se refuerza el papel de la coeducación y se establece la creación de una comisión de personas expertas encargada de la revisión de los libros de texto, tanto en el lenguaje como en las imágenes, y del resto de los materiales curriculares conforme a los principios de igualdad. La norma dará a la inspección educativa nuevos mecanismos para el desempeño de sus funciones en esta materia.

Las universidades también deberán incluir contenidos de coeducación y elaborar planes de prevención de la discriminación y de la violencia de género. La reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas para superar los obstáculos que encuentran en estos ámbitos; eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la presencia paritaria de las mujeres y hombres en eventos científicos, académicos e institucionales.

El anteproyecto incluye también un nuevo artículo dedicado a las mujeres jóvenes, con medidas para promover su incorporación al mercado laboral, facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio, especialmente en los videojuegos.

En materia sanitaria, la principal novedad es la inclusión de contenidos de igualdad de género en los programas de formación especializada de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que en el área social la norma ampliará a las mujeres prostituidas el ámbito de la atención.

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