La Fiscalía de Córdoba ha solicitado, por primera vez, pena de cárcel para una pareja del municipio de Bujalance a quien acusa de no llevar a sus cuatro hijos al colegio, un hecho por el que el Ministerio Público pide seis meses de prisión para cada progenitor por un presunto delito de abandono de menores.

El escrito de conclusiones provisionales del fiscal recoge que una hija de los procesados, que estaba matriculada en un instituto de Bujalance, faltó injustificadamente 130 días lectivos en el curso académico 2003-04, 94 días al siguiente año y hasta 129 en el 2005-2006.

Los hermanos, también ausentes

Otro hijo de los acusados, también faltó más de un centenar de veces a clase durante dos cursos escolares.

Los otros tres hijos del matrimonio también faltaban reiteradamente
Los dos hijos más pequeños, matriculados en otro colegio del municipio, faltaban también reiteradamente a clase.

El Ministerio Público indica que los acusados conocían que las respectivas edades de sus hijos, todos menores de edad, "comportaba su escolarización obligatoria y asistencia regular a clase y de que su obligación como padres" era proporcionarles esta escolarización, si bien "adoptaron una actitud de total pasividad y despreocupación".

Gestiones infructuosas, acuerdos incumplidos

Además, el fiscal indica que las gestiones que se realizaron desde las administraciones sociales y educativas "resultaron infructuosas", como la intervención de la dirección del centro, el equipo de orientación de la zona, los servicios sociales del Ayuntamiento y la Unidad de Menores de la Policía Autonómica.

También intervino un mediador de la comunidad gitana que "llegó a acuerdos con los acusados para que sus hijos asistieran a clase, incumpliéndolos después".

La Fiscalía lo considera un delito de abandono de menores y pide seis meses de cárcel
La Fiscalía de Córdoba considera que los hechos constituyen un delito de abandono de menores, en relación con el deber de educar y proporcionar una formación integral que se incluye en la patria potestad de los menores.

Por ello, ha solicitado una pena de seis meses de cárcel para cada uno de los padres, algo que según el Fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, es "el final de muchos meses de trabajo".

En declaraciones a los periodistas, Martín Caro recalcó que el objetivo del Ministerio Público "es perseguir a los padres que no cumplen sus funciones, que legalmente, son más que proporcionarles una alimentación".

Además, insistió en que no se perseguirán a los progenitores cuyos hijos, especialmente durante la adolescencia, falten algunos días a clase.