Las reiteradas ausencias de sus hijos al colegio le pueden salir caras a un matrimonio de Bujalance. La Fiscalía de Córdoba ha solicitado, por primera vez, pena de cárcel para una pareja de este municipio a quien acusa de no llevar a sus cuatro hijos al colegio, un hecho por el que el Ministerio Público pide seis meses de prisión para cada progenitor por un presunto delito de abandono de menores.

El escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, recoge que una hija de los procesados, que estaba matriculada en un instituto de Bujalance, faltó injustificadamente 130 días lectivos en el curso académico 2003/04, 94 días al siguiente año y hasta 129 en el 2005/2006. Otro hijo de los acusados también faltó más de un centenar de veces a clase durante dos cursos escolares y los dos hijos más pequeños, matriculados en otro colegio del municipio, se ha constatado que faltaban también reiteradamente a clase.

El Ministerio Público indica que los acusados conocían que las respectivas edades de sus hijos, todos menores de edad, "comportaba su escolarización obligatoria y asistencia regular a clase y de que su “obligación como padres” era proporcionarles esta escolarización, si bien "adoptaron una actitud de total pasividad y despreocupación".

Además, el fiscal indica que se realizaron gestiones con el matrimonio, de etnia gitana, desde las administraciones sociales y educativas "que resultaron infructuosas", como la intervención de la dirección del centro, un equipo de orientación de la zona, los servicios sociales del Ayuntamiento y la Unidad de Menores de la Policía Autonómica. También intervino un mediador de la comunidad gitana que "llegó a acuerdos con los acusados para que sus hijos asistieran a clase, incumpliéndolos después".

En relación a este caso el Fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, recalcó hoy que el objetivo del Ministerio Público "es perseguir a los padres que no cumplen sus funciones, que legalmente, son más que proporcionarles una alimentación". Martín Caro añadió que durante 2006, hasta diez casos de este tipo pasaron a los juzgados de Córdoba y otros dos fueron archivados.

Sobre la situación de los menores, la Junta de Andalucía señaló hoy que esperará a que se celebre el juicio para tomar alguna medida. En principio, si los padres entran en prisión quedarían bajo custodia de algún familiar. Sólo en caso de desamparo obtendría la tutela la administración autonómica.