El sindicato Comisiones Obreras en Andalucía ha criticado este jueves que "no exista" un marco que regule las prácticas no laborales en Andalucía enmarcadas en el Programa Emple@ de la Junta de Andalucía cuando "se ha producido un notable incremento del número de personas becarias en España, como consecuencia de las ventajas que supone dicha figura para las empresas".

Según un comunicado de la central sindical, este marco consistiría en marcarle un código de conducta y de calidad a las empresas con personas becadas "que vaya más allá de lo que actualmente existe, que es la firma de un convenio con contenidos básicos". Dicho código, según ha considerado CCOO, debería contemplar información en materia de derechos laborales, fijar topes de personas becadas, establecer porcentajes de contratación tras una beca, y marcar sanciones a la empresa proveedora en caso de incumplimiento de sus obligaciones, entre otras cuestiones.

El sindicato entiende que el marco normativo tendría que recoger, además, el aumento de órdenes de servicios para que la Inspección de Trabajo pudiera desarrollar una labor en profundidad sobre estas becas vinculadas al ámbito público.

Por otra parte, el sindicato considera "incomprensible" que estas prácticas "remuneradas y tan directamente ligadas a la administración pública, no coticen a la Seguridad Social". "La Junta de Andalucía debería defender con hechos a las personas becarias permitiendo que amplíen sus cotizaciones ante las futuras jubilaciones o posibles incapacidades", ha recalcado el sindicato.

CCOO-A ha reclamado que, antes de comenzar con la nueva edición, se haga una evaluación pública del programa en el que se enmarcan estas becas, en la que se indique "no sólo el número de jóvenes becados, sino a los resultados positivos o negativos que están teniendo las iniciativas teniendo en cuenta el grado de inserción laboral, el perfil de personas insertadas laboralmente, el grado de cumplimiento de los derechos de las personas becarias por parte de las empresas, o los perfiles detallados de los sectores y empresas solicitantes".

Por último, ha advertido de que "no realizar estas acciones puede suponer que la inversión realizada esté sirviendo para poner a disposición de las empresas a jóvenes con motivación pero sin derechos que no van a ver cumplidas sus expectativas con un contrato futuro".