El colectivo de la Corrala Utopía, desalojado en 2014 de unas viviendas propiedad de Ibercaja y ubicadas en la avenida de las Juventudes Musicales, en Sevilla capital, ha tachado este lunes de "juicio político" la vista oral prevista para el 4 de septiembre por el Juzgado de lo Penal número siete, que prevé juzgar por un presunto delito de usurpación a dos miembros del colectivo. Así, la plataforma muestra "todo el apoyo" a ambos acusados, que se enfrentan a una petición de 720 euros de multa por parte de la Fiscalía.

En declaraciones a Europa Press, una portavoz de la Corrala ha afirmado que los dos acusados están recibiendo "apoyo de colectivos a nivel estatal" y "todo el apoyo" de los miembros de la Corrala. Además, en la tarde de este lunes tendrá lugar una reunión entre los integrantes de la Corrala para "organizar" la estrategia a seguir durante antes de la celebración del juicio, aunque esta representante de la organización ha señalado que "la línea ya está un poco marcada".

Al respecto, ha adelantado que el próximo día 2 de septiembre se celebrará una rueda de prensa para informar a los medios de las "rutas" que finalmente hayan acordado seguir en relación a la vista oral de los activistas Maximiliano y Jesús.

La representante ha declarado que éste se trata de "un juicio político", porque creen que les juzgan no por la usurpación de los pisos, sino por haber creado una "organización" en la lucha por el derecho a la vivienda. Del mismo modo, ha informado de que Maximiliano y Jesús están "tranquilos", a pesar de que tendrán que acudir al Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla para esta vista previa fijada el 4 de septiembre.

Dicha vista tendrá lugar al objeto de resolver el presunto delito de usurpación sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja.

El pasado viernes, la abogada que asiste Maximiliano y Jesús, Ana Isabel Segado, informaba a Europa Press de que se trataba de dos juicios señalados uno "a continuación" del otro, en el que los acusados se enfrentaban a una petición de 720 euros de multa por un presunto delito de usurpación por parte de la Fiscalía, mientras Ibercaja se habría retirado del procedimiento, según la abogada.

La corrala

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones.

Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad 'Residencial Murillo'.

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Evaluaciones sociales

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".