El nuevo Gobierno de Cantabria PRC-PSOE respetará los convenios que el anterior Ejecutivo del PP puso en marcha para los afectados por sentencias de derribo y extenderá estos acuerdos a 236 viviendas que están pendientes de suscribirlos, a sumar a las 329 que ya lo han rubricado.

Además de continuar con los convenios -en los que se garantiza a los propietarios, en el caso de que no prospere el intento de legalizar su vivienda, el derecho a una indemnización económica fijada por un perito independiente o bien la sustitución de su casa por otra-, la Administración regional empezará a pagar este año por daños morales a los afectados, con las partidas consignadas para este ejercicio.

Y de cara al próximo presupuesto, hay previsiones para este fin por importe de 6,5 millones de euros, según ha apuntado la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, al término de una reunión con representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, que agrupa a los afectados por derribos y que ha estado encabezada por su presidente, Antonio Vilela.

En declaraciones a los medios, este último ha detallado que cerca del 20% de los afectados por las sentencias de demolición han percibido ya la correspondiente indemnización por daños morales, a raíz de seis sentencias que condenan a este pago. De este modo, quedarían por recibir el importe de estos daños el restante 80%, que previamente deben solicitarlo ante los tribunales de justicia.

(Habrá ampliación)