Tras el parón de la actividad judicial durante el periodo estival y con la vista puesta en las numerosos causas de corrupción que continúan en marcha en Baleares, el nuevo año judicial arrancará en septiembre con las declaraciones de exaltos cargos del Govern del PP por la adjudicación presuntamente irregular del hospital Son Espases y, más adelante, con el juicio contra el extesorero del PP balear Fernando Areal por un supuesto delito electoral.

En concreto, ya el 1 de septiembre están citados, en calidad de imputados, Aina Castillo, quien fuese consellera de Salud durante el último mandato de Jaume Matas, y el exdirector gerente del Servicio Balear de Salud (Ib-Salut) Sergio Bertrán, cuyos nombres, entre otros, figuran en la querella que el pasado mes de julio interpuso la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública durante el proceso de licitación del hospital de referencia de las islas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de instruir estas pesquisas, también interrogará como encausados al propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado, y al propio Matas (16 de septiembre), al asesor de Global PM, Luis Francisco Piña, y al presidente de la constructora OHL y exministro Luis Miguel Villar Mir (día 17), así como al director de hospitales de OHL, José Magán, y a Fernando Areal (día 18).

También a lo largo de ese mes han sido citados hasta un total de 22 testigos en el marco de la misma causa, entre quienes se encuentran el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien comparecerá el día 23. Del mismo modo, han sido emplazados a declarar la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert, el empresario mallorquín Gabriel Sampol y el jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Ib-Salut, Francisco Ferrer.

Fue el pasado mes cuando Castro admitió la querella que por estos hechos presentó el fiscal Pedro Horrach, quien llega a subrayar en la denuncia cómo en el concurso para la construcción y explotación del hospital "la perversión alcanza su máximo exponente". A su juicio, tras la "realidad formal" de este expediente hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En concreto, la UTE formada por Dragados -perteneciente a ACS, presidida por Florentino Pérez-, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. fue la que se hizo con el contrato de obras y explotación del complejo hospitalario, una de las mayores infraestructuras impulsadas durante el último mandato de Matas PP. Un proceso que inicialmente se había decantado a favor de la competidora OHL.

Según la confesión efectuada en su día por Rodrigo de Santos ante el fiscal, a cuya transcripción tuvo acceso Europa Press, Matas pidió una "cantidad importante" de dinero al empresario y presidente de ACS, Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicada la construcción del hospital. Pese a que el presupuesto inicial de los trabajos fue de 635 millones de euros, los investigadores se toparon con un elevado sobrecoste sobre el que han puesto la lupa, ya que el proyecto salió finalmente a concurso por 778,4 millones de euros.

Mientras tanto, también en septiembre y más en concreto el día 15 está prevista la celebración del juicio contra cuatro acusados que presuntamente incitaron a la violencia y arremetieron contra el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, durante una protesta llevada a cabo el 28 de mayo de 2012 en el municipio mallorquín de Bunyola en contra de los recortes impulsados por el Ejecutivo autonómico.

Unos hechos por los que la Fiscalía reclama un año de cárcel para cada uno de ellos por un delito de desobediencia grave, mientras que a uno de ellos le imputa además una falta de lesiones por la que pide para él el pago de una multa de 600 euros.

Los inculpados, asistidos por el abogado Josep de Luis, alegaron sin embargo tras ser arrestados que su intención era recibir de forma "pacífica" a Bauzá a su llegada a Bunyola, que tenía programada dentro de su agenda política. De hecho, en una providencia dictada en octubre de ese año, la jueza instructora apuntó que los hechos sucedieron al amparo del ejercicio de derecho de reunión y manifestación.

Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma acogerá los días 8, 27 y 28 de octubre y 4, 5 y 10 de noviembre el juicio de la pieza 4 del caso Palma Arena, centrada en el pago de hasta 71.958 euros que el PP, a través de Fernando Areal, habría abonado en negro a la agencia de comunicación Nimbus por la organización de su campaña al haber superado los gastos electorales permitidos por Ley. Areal será el único acusado que se sentará en el banquillo.

Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares dictó el pasado mes de junio un auto en el que avala la existencia de pagos en 'B' por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Jaume Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.

En su resolución judicial, que confirmaba el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por Castro como primer paso para que el extesorero se sentara en el banquillo, el tribunal consideraba "verosímil" la confesión efectuada en su día por el administrador de Nimbus, Miquel Romero -para quien fue archivada la causa-, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro los cerca de 72.000 euros.