La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Cantabria "no va a tolerar amenazas" del Gobierno central por devolver la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y ha planteado la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo para que se pronuncie al respecto.

En la misma línea, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha opinado que se trata de una "pataleta" del Gobierno central, al que ve "un poco nervioso", y ha considerado "penoso" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "gaste tiempo y recursos económicos y humanos en combatir a las comunidades autónomas en lugar de a mejorar la universalidad de la asistencia sanitaria".

Vicepresidenta y consejera han realizado estas afirmaciones en distintos actos, a preguntas de los medios de comunicación, después de que el Ministerio de Sanidad advirtiera este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.

Díaz Tezanos ha defendido que la de Cantabria es una "decisión legítima" que responde a competencias "legítimas" y que nace de la concepción de justicia social y de defensa de una sanidad pública y universal del actual Gobierno regional.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno central, "lo mejor que podía hacer es dedicar las pocas energías que ya le quedan como gobierno, a derogar" el decreto (16/2012) que excluyó de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

"ningún temor"

La consejera de Sanidad ha apostillado que el Gobierno de Cantabria no tiene "ningún temor ni ninguna duda" porque la norma que ha aprobado "está dentro de nuestras competencias" y cuenta con informe jurídico favorable.

Real ha destacado que la normativa cántabra "lo único" que trata es de dar de nuevo asistencia sanitaria, "exclusivamente en Cantabria", a aquellas personas que se vieron excluidas por el citado decreto, y que "no son solamente extranjeros, sino también españoles que han estado en el extranjero más de tres meses".

La consejera de Sanidad cree que el Gobierno de España está "un poco nervioso". En este sentido, ha señalado que en el último Consejo Interterritorial, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que tenía previsto "intentar publicar alguna normativa que mejorase la accesibilidad de estas personas excluidas por el decreto".

"Posiblemente lo que le ha pasado es que se ha visto sobrepasado por la rápida actuación de las comunidades autónomas con gobiernos socialistas. Yo creo que es un poco una pataleta", ha apostillado.

Cantabria por lo público y omc

El restablecimiento de la asistencia sanitaria a las personas que se vieron afectadas por el Real Decreto 16/2012 ha sido precisamente uno de los temas tratados en las reuniones que la consejera ha mantenido este viernes con la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes y con la Organización Médico Colegial.

En el caso de la plataforma, también han abordado el copago farmacéutico y la situación del contrato de Valdecilla con la empresa Ferrovial. Por parte de la Plataforma han estado presentes Beatriz Sanz, Asunción Villalba y Mercedes Boix, que ha destacado "la voluntad política de la consejera para mejorar la sanidad en Cantabria", según asegura el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

Por parte de la OMC han estado su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, Tomás Cobo. Según el Gobierno, tanto la consejera como el presidente de la OMC han coincidido en la importancia del restablecimiento de la asistencia sanitaria por parte de Cantabria y otras comunidades autónomas a las personas que se vieron afectadas por el Real Decreto 16/2012.

También se ha referido al mantenimiento del convenio con el Colegio de Médicos de Cantabria para desarrollar el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que cuenta con el apoyo con la Consejería. Sendín ha hecho hincapié en la importancia de la sostenibilidad del sistema, citando como grandes retos las políticas de personal, el control del gasto farmacéutico y la financiación de los servicios sanitarios, informa el Gobierno en nota de prensa.