La familia de Javier Joyanes, que con 27 años fue encontrado sin vida en una zanja tras asistir en septiembre de 2008 a la boda de un amigo en La Calahorra (Granada), ha hecho "un llamamiento a jueces, fiscales, abogados, Guardia Civil y todo aquel que pueda o deba favorecer la investigación" para "aclarar" lo que ocurrió, ya que no creen que fuera un accidente.

Lo hace en una carta dirigida al propio joven con motivo de su cumpleaños, que celebraría el 18 de agosto, y para recordar que el próximo 7 de septiembre se cumplirán siete años desde que lo encontraran sin vida a la salida de esa celebración.

En la misiva, firmada por su tía Lourdes y a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que "después de todo este tiempo su crimen sigue sin investigarse por parte de la justicia", un "asesino está libre" y "unos padres están perdiendo su vida por aclarar lo que pasó".

Alude, además, a la "desesperación" de los familiares y se pregunta si sentirán algo de ella "los que no han querido ayudar a encontrar" a los culpables de que el joven ya no esté con ellos. Por ello y aunque Javier ya no cumple años, sí pide "el regalo" que "se merece", justicia, y hace "un llamamiento a jueces, fiscales, abogados, Guardia Civil y todo aquel que pueda o deba favorecer la investigación y colaborar" para que lo reciba.

La Audiencia Provincial de Granada confirmó en octubre de 2014 el archivo que en su día dictó el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadix de este caso. En su auto, desestimó las pretensiones de los padres, que habían reclamado una nueva investigación por parte de la Policía Nacional —y no por la Guardia Civil, encargada del asunto— y que se llamara a más testigos entre los asistentes a la boda, fundamentalmente después de que contasen con informes forenses que atribuían la muerte a un atropello.

Desde entonces y a pesar del "duro golpe" que supuso esta decisión, según trasladaron públicamente días después de conocerla los propios padres, siguen luchando para evitar que la muerte de su hijo quede "como una caída sin más", algo por lo que también han contactado con otras instituciones como el Ayuntamiento de Jaén, la Subdelegación del Gobierno en Granada y el Defensor del Pueblo Andaluz

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