La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado este lunes que su departamento ha comenzado a redactar la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, que incluye la creación de un registro de viviendas vacías públicas y privadas, de particulares y que estén en manos de entidades bancarias, con la previsión de "sanciones de manera subsidiaria" a los bancos que no tengan "voluntad de colaborar" y no cumplan la normativa.

La responsable de Vivienda ha afirmado que el objetivo de su Conselleria es que las medidas en esta materia se cumplan "hasta el límite". Así lo ha trasladado en una reunión mantenido con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donde ha anunciado la creación de una mesa de prevención de desahucios, con implicación de todas las partes afectadas.

La consellera ha manifestado que en materia de vivienda "no puede ser que la Comunitat continúe con una ley como la 8/2004" y considera necesario un "cambio radical" en la posición del gobierno valenciano en este tema. Para ello, su conselleria creará una nueva "hoja de ruta" con el objetivo de que "la vivienda sea reconocida como un derecho subjetivo".

Asimismo, la consellera ha señalado que "la mejor manera para evitar un desahucio es prevenirlo", por lo que ha anunciado la creación de una mesa de prevención de los desalojos en la que participará el Consell, la PAH, el Colegio de Abogados de la Comunitat Valenciana, entidades financieras, sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).

Además, Salvador ha afirmado que "será necesario que haya un protocolo de actuación con los ayuntamientos" ante supuestos de paralización de los desahucios, ya que "hay muchos consistorios que ya están actuando por su cuenta".

Quiere un papel "intermediador"

La consellera ha destacado que la Comunitat Valenciana está entre los primeros puestos del ranking de autonomías con más desahucios, con 83.200 desde 2008, y ha señalado que quiere que su departamento tenga un "papel intermediador" con los bancos y los habitantes para evitar desalojos.

Por su parte, el portavoz de la PAH, José Luis González, ha manifestado que su plataforma "estará donde haga falta para controlar que se cumplan las promesas que hacen los gobiernos" y ha explicado que han pedido a la consellera la paralización de los desahucios y un plan de choque para familias que no puedan pagar la luz ni el agua.