El colectivo 'Educadores en lucha', que agrupa a los empleados del Centro de Observación y Acogida de Menores (COA), dependiente del Gobierno de Aragón, pero con la gestión externalizada, ha anunciado que continuarán con la huelga que realizan desde el pasado mes de noviembre si el contrato con la nueva empresa Intress se hace efectivo a partir del próximo 1 de septiembre.

En una nota de prensa, 'Educadores en lucha' ha sostenido que "las razones que dieron lugar a la huelga están plenamente vigentes en este escenario, especialmente el incumplimiento de la Ley de la Infancia y Adolescencia en Aragón y otras disposiciones legales sobre los derechos de los menores sujetos a protección y tutela de la Administración y la disminución del número de educadores".

Este colectivo ha remitido este lunes comunicación al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y a la empresa Intress de que a partir del 1 de septiembre continuará la huelga indefinida.

Además, el viernes pasado presentó un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos contra la adjudicación del COA y este lunes inicia un campaña pública de información.

Esta consistirá en que todos los días, durante todas las horas de atención al público, un integrante de 'Educadores en Lucha' permanecerá en la puerta del IASS dando información al público en general del conflicto "y como recordatorio permanente al Gobierno de Aragón de que seguimos en pie y en lucha".

No hubo reunión

Los educadores han asegurado que "es rotundamente falso" que la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, "se reuniera con el comité de empresa el pasado viernes", aunque "sí es cierto que tanto ella, como el gerente del IASS, Joaquín Santos, estuvieron visitando el COA, y que en esa visita tuvieron una breve conversación con dos educadores, aunque ninguno de ellos es miembro de comité de empresa y tan solo uno de ellos del comité de huelga".

En dicha conversación, "los compañeros se limitaron a pedirles que convocaran una reunión formal". Desde 'Educadores en lucha' han estimado que es "una notable falta de respeto irrumpir en nuestro centro de trabajo sin avisar y distraer dos educadores de sus funciones para luego ir corriendo a los medios a ponerse una medalla porque se han reunido con el comité".

Asimismo, este colectivo ha manifestado que "por lo que nos han demostrado hasta ahora, ni la consejera Broto, ni el gerente del IASS tienen intención de solucionar el problema político que ellos han creado, sólo pretenden lanzar una campaña de publicidad, que les haga parecer distintos de sus predecesores".

A su entender, "si quieren hacer un gesto creíble que se reúnan oficialmente con el comité de huelga, o que respondan de forma oficial a las comunicaciones que les hemos presentado por registro y a las que no nos contestan; todo lo demás sólo es marketing y palabrería".

Motivos del conflicto

Los educadores del COA han aclarado que la huelga indefinida "no se convoca por un problema laboral con una empresa", sino "porque las condiciones que los responsables del Gobierno de Aragón regulan para los centros de los que son responsables y titulares no cumplen con la legislación vigente en materia de protección de menores y son indignas y peligrosas para los niños y niña acogidos en el COA y para los trabajadores que tratan de acogerlos".

Estas condiciones "son fruto de una decisión política" y por eso "son decisiones políticas las que pueden dar solución a este conflicto", han apostillado.

'Educadores en lucha' han opinado que "avergüenza ver cómo tanto la señora Broto como el gerente del IASS se refugian en problemas legales para no tomar las decisiones que podían garantizar los derechos y la seguridad de los menores acogidos en el COA", para argumentar que al Ejecutivo del que forman parte "le constó mucho menos incumplir con una Ley Orgánica del Gobierno central como la LOMCE".

Sin embargo, "todo son dificultades para parar este contrato" de cuyas condiciones la propia Broto, cuando era diputada del PSOE en las Cortes de Aragón, dijo que "supone una dejación de las funciones del Gobierno de Aragón, incumple el Plan de Infancia y Adolescencia, los menores no van a tener la misma atención y se externalizan gastos con el único objetivo de ahorrar".