El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno de la Comunidad que el sistema de adjudicación de plazas públicas residenciales para personas mayores dependientes cuente con mecanismos que permitan reflejar, de manera periódica, inmediata y más actualizada, la situación en que se encuentra cada solicitud a efectos de puntuación asignada y lista de demanda existente.

Así lo ha manifestado tras recibir una queja por la situación de una mujer que estaba ingresada en el Centro Social 'Virgen del Pilar' de Zaragoza, una residencia privada social, ocupando plaza de carácter privado, si bien existían en el mismo centro otras plazas concertadas con el Gobierno de Aragón.

Al respecto, García Vicente ha solicitado el Ejecutivo que revise el expediente de esta persona para que conozca cuál es su situación y le indique la forma de acceder a una plaza concertada en el propio centro donde se encuentra.

El Justicia ha puesto de manifiesto que la "vulnerabilidad" del colectivo de personas mayores "exige una especial atención a la hora de supervisar las relaciones entre estos ciudadanos y la Administración, siendo fundamental el respeto al principio de transparencia y buenas prácticas".

A su entender, esto se hace más "patente" en el ámbito de la atención residencial, "que aglutina un gran número de quejas ciudadanas" y que motivó la elaboración en 2007 de un informe especial del Justicia sobre la calidad de vida de las personas mayores, con "una consideración especial a la red de servicios sociales existentes".

Ingente labor

El Justicia de Aragón ha asegurado que desde esta institución se es consciente "de la ingente labor que desarrollan todos los profesionales de la Administración en esta materia, del volumen de trabajo que implica y de las numerosas solicitudes que se formulan, teniendo en cuenta, además, que el éxito de las mismas depende de diversos factores ajenos, en la mayoría de los casos, al trabajo que desempeñan los técnicos competentes".

Asimismo, "conocemos de primera mano, en definitiva, el trabajo que está desarrollando el Gobierno de Aragón en esta materia, a pesar de lo desfavorable de la situación social actual", ha apuntado.

No obstante, García Vicente ha argumentado que "una mínima información del estado de su pretensión y las expectativas que pueden alcanzar en su caso se configuran como una demanda habitual y razonable de los ciudadanos que acuden a la Institución con esta problemática".

Según ha apuntado, es de "especial interés" que los afectados "tengan una información ajustada a la realidad en un asunto tan sensible, minimizando así la incertidumbre que generan este tipo de situaciones".

En esta línea, la Institución ha emitido diversas resoluciones ante la existencia de listas de espera para acceder a este tipo de centros, "al haberse detectado la deficiente información que se facilita a los interesados sobre su pretensión, estado de tramitación de su expediente, expectativas a corto o largo plazo, sin perjuicio del frustrante silencio administrativo con que se encuentran en muchas ocasiones".

García Vicente ha recordado que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común exige de los entes públicos el respeto del principio de transparencia en su actuación, lo que implica la obligación de resolver expresamente las pretensiones de los administrados y facilitarles la mayor información posible sobre el estado de los expedientes que se incoen a su instancia.